La denuncia que hizo en marzo el subdirector de transporte público y valorización del Área Metropolitana de Cúcuta, Jose Gregorio Botello, ha tenido repercusiones importantes.

En la denuncia, Botello dijo que bajo presión de cinco alcaldes del Área Metropolitana fue obligado a autorizar un convenio de colaboración entre las empresas Transportes Petróleo S.A.S. y Transporte Tonchalá S.A.

Por este hecho, que a partir de entonces desencadenó enfrentamientos entre directivos del Área Metropolitana y sendas denuncias ante los órganos de control de la ciudad, La Opinión conoció el fin de semana que la Fiscalía requirió a los alcaldes César Rojas (Cúcuta); Javier Agudelo (San Cayetano); Henry Manuel Valero (Puerto Santander); Elkin Caballero (El Zulia), y Diego González (Los Patios), para que se presenten con sus abogados a rendir versión sobre lo sucedido.

En esa oportunidad, Botello renunció al cargo, argumentando que firmó obligado el  convenio, pese a criterios técnicos opuestos. Con ello,  Petrólea quedaba autorizada a trabajar en la ruta 3 (Pinar del Río-El Zulia), y Transportes Tonchalá en la 6 (Montebello II-centro-Terminal).

La imposición se dio a pesar de que el 30 de enero de 2018, el ingeniero civil y profesional del Área, Oscar Yesid Lizcano, advirtió a Botello en su concepto sobre la capacidad transportadora de las empresas: solo Tonchalá cumple con los requisitos, ya que para otorgar el convenio las empresas deberán estar entre los rangos exigidos y tener una frecuencia de despacho de 5 minutos hora valle y 3 minutos hora pico.

Los alcaldes deberán argumentar su proceder en desarrollo del convenio de colaboración empresarial, como quiera que ya se conocía el concepto de Lizcano en el que advertía que solo una de las empresas cumplía con los requisitos.

La Fiscalía también requirió al Área Metropolitana para que presente ante esa instancia judicial las copias auténticas del informe o concepto emitido por Lizcano, de fecha 30 de enero de 2018, dirigido a Botello.

El subdirector de transporte del Área dijo que luego de esta denuncia los alcaldes desataron una persecución en su contra, a tal punto que la semana pasada aprobaron una resolución, la 155 del 24 de octubre, en la que se ajusta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales del Área Metropolitana, dirigida,estrictamente, a quitarle las facultades en el área de transporte.

Con esta decisión, a Botello se le retira la autonomía de que gozaba para tomar decisiones en materia de transporte. Esas facultades le fueron asignadas la directora del Área Metropolitana, Patricia Gallego.

Por esta decisión, ayer se conoció que Botello procederá en próximos días a formular una queja ante la Procuraduría.

La Opinión llamó reiteradamente a su teléfono celular y dejó mensajes a Gallego para que diera a conocer su concepto sobre la modificación del manual de funciones, pero nunca respondió.

Por su parte, el alcalde Rojas respondió que no ha sido notificado de ninguna diligencia por el caso Botello.

La Procuraduría y la Fiscalía le abrieron procesos a Gallego por prevaricato por omisión.

Según la denuncia que Botello instauró en la Fiscalía, a la directora del Área Metropolitana se le procesa por abuso de autoridad por omisión de denuncia y falsedad ideológica en documento público, entre otros.

Censo de taxis

La directora del Área Metropolitana, Patricia Gallego, deberá presentar, a más tardar en la segunda semana de noviembre, las cifras oficiales del censo de taxis.

La semana pasada, la funcionaria reveló que el parque automotor de este servicio está en 8.635 carros. “No han ingresado más vehículos, como se viene especulando por parte de los conductores”.

La exigencia a Gallego se produjo la semana pasada, cuando el sindicato de taxistas de Cúcuta, denunció que un elevado número de carros está prestando el servicio de transporte de pasajeros en la ciudad, muchos de ellos informales.

Ante esto, los taxistas señalaron que la entidad rectora del transporte no ha hablado claro en este tema.

Los taxistas exigieron a la Alcaldía de Cúcuta y al Área Metropolitana poner punto final al censo que se inició cuatro años atrás y que revele la cifra real y definitiva de los taxios que circulan en las calles.