A pesar de la parálisis que también ha sufrido la Rama Judicial por cuenta del coronavirus y que ha significado un trabajo a media marcha por parte de las altas cortes, los tribunales y juzgados, son casi 20.000 las decisiones judiciales proferidas  durante los dos meses que se ha prolongado el aislamiento preventivo obligatorio.

Según un balance entregado por el Consejo de Estado ante la Comisión Primera del Senado, en el periodo de confinamiento los despachos que quedaron habilitados para seguir laborando expidieron un total de 5.859 sentencias entre las que se incluyen: 3.979 tutelas, 137 habeas corpus y 1.695 procesos ordinarios.

Otras 48 providencias corresponden a decisiones sobre el control automático de legalidad que le corresponde aplicar a los tribunales administrativos del país, sobre las decisiones tomadas por las autoridades locales y regionales, en desarrollo de la Emergencia Social, Económica y Ecológica que decretó el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis por la COVID-19, y los respectivos decretos expedidos por el presidente de la República.

El Consejo de Estado explicó que, adicionalmente, durante los dos meses de cuarentena, los juzgados y tribunales de los diferentes departamentos han proferido 13.513 autos, es decir, “aquellas decisiones que no suponen un juicio de fondo definitivo, pero sí ayudan a impulsar los procesos que son conocidos”.

De estas decisiones, 6.836 fueron emitidas en el curso de acciones de tutela, 176 en habeas corpus, 5.381 en ejercicio del control automático de legalidad sobre las medidas de las autoridades regionales frente a la COVID-19, y 1.120 en otros procesos judiciales.

Según los cálculos que hace el Consejo de Estado, en promedio, los despachos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo han emitido 146,4 sentencias por día hábil y 337,8 autos durante el mismo lapso.  “Sin sumar los resultados de la gestión del Consejo de Estado ni las providencias proyectas por los despachos judiciales que no están exentas de la suspensión de términos”.

“Estos resultados son el fruto de la implementación de medidas excepcionales para garantizar la prevención sanitaria y el acceso a la administración de justicia durante esta emergencia”, destacaron los consejeros ante la Comisión Primera.

El Consejo Superior de la Judicatura anunció hace unos días que adelanta la construcción de un plan gradual y progresivo de normalización de los servicios judiciales el cual se implementará a partir del 8 de junio.

El plan de normalización contemplará acciones, fases, cronogramas, responsabilidades, obligaciones y mecanismos de seguimiento para asegurar condiciones de bioseguridad y aseo, así como definir las reglas de acceso y permanencia en sedes tanto para servidores como para usuarios, fijar jornadas, horarios o turnos flexibles, entre otros aspectos.