El senador Iván Cepeda Castro, del Polo Democrático Alternativo, es contraparte del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el campo político. El exsenador lo acusó de comprar testigos falsos, pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió y, en cambio, le abrió una investigación al jefe del Centro Democrático que lo tiene bajo detención domiciliaria.

 

La Opinión habló con Cepeda sobre los resonantes hechos actuales de la política, de los cuales él es uno de sus protagonistas.

 

Usted ha denunciado amenazas contra su vida, ¿de dónde provienen?

 

Desde que se profirió la medida de aseguramiento con la que se privó de la libertad al hoy exsenador Álvaro Uribe se han incrementado de una manera considerable las amenazas contra mi vida y mi familia, las personas que colaboran en mi trabajo y también los abogados. Esas amenazas se han formulado por distintas vías y no solamente han consistido en advertencias de muerte, sino también recientemente, como lo hemos constatado y lo hemos denunciado, han estado acompañadas de seguimientos y vigilancia de personas a las que ha interpelado la policía. También le han estado tomando fotografías a los vehículos que son de mi esquema de seguridad y a mi apartamento. Para mí, independientemente de esa investigación, debo decir que todos los señalamientos que hace el exsenador Uribe y su entorno político contribuyen a generar un ambiente de hostilidad, de amenazas y de odio a lo que hago y lo que represento. Y esto deben investigarlo las autoridades.

 

El expresidente Álvaro Uribe lo acusa de ser senador de las Farc y de darle órdenes a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué le responde?

 

A Uribe no le está quedando otra posibilidad que recurrir a las amenazas e intentar intimidar a magistrados de la Corte Suprema y lanzar toda clase de acusaciones calumniosas en mi contra. No es la primera vez que dice que soy senador de las Farc o que le doy órdenes a la Corte Suprema de Justicia, pero en realidad nunca ha presentado una sola prueba ni ha hecho una acción penal en mi contra con relación a eso. Lo que muestra esto es que no tiene cómo defenderse con argumentos y con pruebas sólidas.

 

¿Cómo ve usted los efectos políticos del proceso judicial que tiene en el banquillo al exsenador y en el cual usted es víctima?

 

Veo entre esos efectos varios muy significativos. En primer lugar, con esta decisión de la Corte, independientemente de lo que suceda más adelante, se ha sentado un precedente que creo es muy saludable y es que en Colombia deben responder no solo los ciudadanos del común, o quienes están por fuera de la legalidad, como es el caso de las organizaciones guerrilleras, que han desplegado violencia, han cometido crímenes, sino también los políticos, no importa qué rango tengan y qué investidura. Eso es muy importante, es una afirmación democrática, puesto que en una sociedad los ciudadanos deben tener los mismos derechos y al mismo tiempo cumplir con los mismos deberes y creo que en eso la Corte Suprema ha sentado un precedente fundamental. Ahora, esto es una derrota política de Uribe y de su sector. 

 

¿Por qué lo ve así?

 

El hecho de que haya salido del Congreso y más en estas circunstancias, es una derrota que tiene implicaciones muy fuertes para una corriente que está construida sobre la imagen y el prestigio del caudillo. El Centro Democrático es todo menos una formación democrática, al contrario, gira en torno a una persona y por lo tanto, cuando esta debe asumir esa clase de situaciones, tiene impacto sobre la colectividad.

 

Álvaro Uribe propone un referendo para algunas reformas y su bancada en el Congreso una Constituyente, ¿les ve posibilidades a esas iniciativas?

 

A falta de una defensa sólida, lo que está haciendo ahora Uribe es un sainete, en el cual hay toda clase de propuestas cuan más inconducentes y absurdas. Ahora resulta que la mejor solución para garantizar su impunidad es abolir las Cortes y también la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través, bien sea de reformas, referendo o de una Constituyente. Considero que esas propuestas están condenadas al fracaso. El país tiene prioridades y problemas muy serios que abordar y sería absolutamente nocivo que en estas condiciones tan críticas tengamos que emplearnos a discutir si destruimos el poder judicial o no. 

 

Otro de los señalamientos por parte del uribismo es que el llamado castrochavismo es un grave riesgo para el país, ¿cómo responde usted a esa versión?

 

Aquí a lo que se le llama extrema izquierda o castrochavismo no es más que la intención de generar miedo para evitar cambios democráticos. Lo que está en el fundamento de esa clase de acusaciones es el temor a que en un debate argumentado se pase de esas ficciones a discutir sobre los problemas del país. Aquí no hay ninguna propuesta de una dictadura del proletariado ni de un régimen parecido al de otros países. Lo que se ha hecho son propuestas razonables en materia de democracia, de paz, de reformas económicas urgentes en el país. Entonces, como no se tienen los argumentos para controvertir esas propuestas, se recurre al mismo tipo de acusación de siempre, y es que aquí hay un intento por entregarle el país a una especie de ideología venida del extranjero. No hay tal cosa.

 

La pandemia del coronavirus

 

¿Le parece acertado lo que ha hecho el Gobierno para enfrentar la emergencia del COVID-19?

 

Creo que la política en materia de atención de esta emergencia, que no es solamente sanitaria, ha sido muy negativa y ahí están los resultados para corroborarlo. Colombia es un país que ocupa los primeros lugares en materia de contagio, de decesos por la pandemia, también lo es en materia de desempleo, tiene altos índices de catástrofe social por cuenta de la pandemia y eso es demostrativo de que este Gobierno se ha dedicado a otros asuntos y no a atender como debiera los gigantescos problemas que se generan por esta emergencia sanitaria y económica. 

 

¿Está de acuerdo con los decretos que se han expedido?

 

La promulgación de decretos lesiona aún más los derechos de la gente y menciono simplemente uno de ellos: aquel que permite la venta de activos de la Nación, la empresa Ecopetrol, por ejemplo, u otros decretos que lesionan las pensiones, los derechos laborales y también las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía, son parte de esa política que considero ha sido catastrófica.

 

¿En qué medida la pandemia ha afectado el Congreso de Colombia?

 

La pandemia y sobre todo el estado de excepción que ha traído esta emergencia, ha recortado de una manera muy seria las facultades que tenemos los congresistas, entre las cuales una fundamental es la del control político. En medio de esta pandemia se ha reducido la actividad parlamentaria a lo que se llama ahora la plataforma virtual, es decir, a un medio tecnológico que genera una serie de limitaciones muy graves a la posibilidad de expresión del debate democrático de lo que está ocurriendo, entre otras cosas, de la propia avalancha de decretos legislativos. Así que, aquí hay un debate muy serio porque la pandemia está sirviendo para recortar la democracia y generar un régimen “hiperpresidencialista”.

 

¿Cómo cree que será la Colombia de la pospandemia? 

 

Vamos a tener un país que va a quedar en ruinas, eso no podemos desconocerlo. Un saldo muy doloroso en materia de las vidas y la salud que le ha costado a los colombianos esta enfermedad, pero también con gravísimas consecuencias sociales y por lo tanto se requiere un proyecto de reactivación de largo aliento que tenga visiones estratégicas, tendiente a producir los cambios y el esfuerzo de reconstrucción nacional necesario. Así que yo creo que hay también una oportunidad en medio de esta crisis para producir una transformación histórica. 

 

Paz y escenario electoral

 

¿Qué salidas ve posible para ponerle punto final a lo que sigue del conflicto armado en el país?

 

He propuesto un programa total de paz. Eso significa no solamente cumplir con el Acuerdo de Paz suscrito en 2016, sino también avanzar en el camino de un acuerdo similar con el Eln y examinar cuáles pueden ser las vías para desmontar lo que se llama la guerra contra el narcotráfico, mediante procesos de sometimiento a la justicia de esas organizaciones criminales. Eso solo es posible con un Gobierno que tenga la voluntad real de avanzar en la paz y no de profundizar la violencia y la guerra como lo hace el actual.

 

¿Están preparados los sectores de oposición o que buscan un cambio en el rumbo del país para la lucha que les espera?

 

Considero que en estos últimos años, junto con el logro del proceso de paz y también junto a las grandes movilizaciones que se han presentado en el país, se ha acumulado un importante caudal de fuerzas políticas y sociales que cada vez están más cohesionadas, que tienen cada vez más experiencia en el desarrollo de políticas públicas y de gobierno, tanto local como en el plano nacional y creo que ya se han desarrollado condiciones para que esas fuerzas gobiernen el país. Esa es una circunstancia que hay que tener en cuenta y que se debe permitir como parte de la libre controversia y alternancia del poder político en Colombia.