Con un estudio técnico, jurídico, social y ético sobre la corrupción en el país, este jueves el Centro Democrático radicó en el Senado un proyecto de ley con el cual buscan tener su propio modelo anticorrupción.

El Proyecto de 15 artículos, radicado por la senadora María Rosario Guerra, propone entre otros puntos la creación del Registro de Agenda Pública (RAP), a cargo de la Procuraduría General de la Nación, donde los miembros de las Corporaciones de Elección Popular deberán registrar cualquier gestión que realicen (o gestionen mediante un tercero), ante el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal para la asignación de recursos a proyectos de inversión. El no cumplir con el registro será causal de pérdida de investidura.

Mayor rigurosidad en adiciones a contratos de obra, por ello cualquier adición a un contrato de obra con recursos del Presupuesto General de la Nación, que supere el 10 % del valor inicial, deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Se propone que condenados por actos de corrupción queden inhabilitados para ejercer labores de docencia, hagan trabajo social en actividades con visibilidad pública portando prendas que digan “Trabajo por corrupto” y sean publicados en espacios públicos llamados 'Los muros de la corrupción', y páginas de acceso de información del Estado.

Se establece en el Proyecto que dentro de las investigaciones en curso en los entes de control, tendrán prioridad las investigaciones por corrupción.

La reforma uribista amplía la inhabilidad para ser servidor público o contratista del Estado a aquellas personas, funcionarios o no, condenados por delitos relacionados con corrupción, afecten o no el patrimonio del Estado.