Una de las primeras condiciones que se establecieron para la instalación y funcionamiento de las zonas veredales en las que las Farc harán su proceso de desarme y desmovilización, era que en ellas no podía haber presencia de cultivos ilícitos, así como tampoco a sus alrededores.

Y aunque este requisito no se cumplía en buena parte de los territorios seleccionados, la concertación entre el Gobierno y las comunidades, con base en las propuestas presentadas por el Ejecutivo, hizo posible poner a rodar los planes de sustitución y con ello la adecuación de los puntos en los que se concentrará la guerrilla.

Sin embargo, en Caño Indio, la vereda de Tibú que fue seleccionada para facilitar la transición de las Farc a la vida civil, y que registra un alto porcentaje de cultivos ilícitos sembrados, después de cinco meses todavía no ha sido posible avanzar en un acuerdo, a pesar de que las propuestas del Gobierno Nacional han sido las mismas que ya fueron aceptadas en otras regiones.

Eduardo Díaz Uribe, director para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, confirmó que en otras zonas veredales en las que había presencia de coca, sí fue posible llegar a unos acuerdos con las comunidades, “bajo el entendido de que iniciábamos fuera de la zona unos procesos de sustitución de cultivos en el marco de la nueva política y el Acuerdo de Paz”.

“En Caño Indio hemos estado en varias oportunidades. Estuve el año pasado reunido con las comunidades en compañía de miembros de las Farc en el área y sorprendentemente las pretensiones, por decirlo así, o las aspiraciones que esgrimen los dirigentes de las comunidades campesinas están muy por encima de las posibilidades reales que tiene el Estado, que son bastante atractivas y bastante serias”, aseguró Díaz.

Explicó que  estas propuestas buscan transformar este tipo de territorios, lo cual implica, igualmente, un esfuerzo financiero.

El funcionario señaló que los acuerdos a los que se llegaron en otras regiones con las comunidades están sustentados, básicamente, en temas de reconocimiento frente al cultivo ilícito.

“De que son comunidades que viven de la actividad de la coca y que es necesario garantizarles unos ingresos en tanto los proyectos productivos, que también se financian, entren en operación y que es necesario trascender la zona propiamente de normalización hacia el área de influencia en el territorio. Ese ofrecimiento que se hizo, infortunadamente no fue aceptado por las comunidades y la solicitud que expresan los líderes está muy por encima de una visión, por qué no decirlo, realista”, aseguró Díaz Uribe.

Según se ha conocido, la propuesta del Gobierno consiste en una ayuda de un millón de pesos por 12 meses, sumado al desarrollo de proyectos productivos de largo plazo y proyectos de seguridad alimentaria.

Entre tanto, la propuesta de los cultivadores de Caño Indio y sus alrededores, y que es respaldada por Ascamcat, consiste en el pago de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, durante tres años, a los dueños de finca, y dos salarios mínimos mensuales, durante 24 meses, a los recolectores o ‘raspachines’.

De ahí que para Ascamcat, lo sugerido por el Gobierno es difícil de aceptar.

Para Eduardo Díaz, la propuesta que se les ha hecho a las comunidades se ciñe a los acuerdos de La Habana. “Infortunadamente está (la propuesta), en criterio de algunos líderes, por debajo de sus aspiraciones. Yo lo que creo es que en el fondo estas personas no tienen intenciones reales de abandonar los cultivos ilícitos”, señaló.

Si bien durante las reuniones que tuvieron lugar en diciembre pasado en Caño Indio se escucharon las propuestas de las comunidades y el Gobierno planteó sus objeciones y contrapropuestas, el tire y afloje sobre el pago de la remuneración que pide Ascamcat se mantiene, lo que complica aún más el futuro de esta zona veredal.

Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina, asegura que han ajustado su pedido, pero lo cierto es que hoy todavía no hay una fecha concreta para un nuevo diálogo.