El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, ha denunciado en los últimos meses la corrupción que se ha generado a partir de la contratación pública directa, con organizaciones sin ánimo de lucro.

Estas denuncias han despertado las alarmas y los llamados a reformar el régimen de contratación y de vigilancia sobre ese tipo de organizaciones porque, al parecer, se han convertido en un aliado para las administraciones y contratistas corruptos.

Lo preocupante es que el problema tiende a agudizarse ahora que está en auge el proceso electoral, puesto que algunos candidatos estarían resultando beneficiados por los contratos adjudicados a esas organizaciones.

Según Enciso, hay un riesgo inminente de que algunas gobernaciones y alcaldías, asociadas con candidatos y contratistas, financien campañas de sus protegidos valiéndose de dicha forma de contratación.

Sobre este espinoso tema se refirió el funcionario de la Presidencia.

¿Cuándo surge la necesidad de investigar los malos manejos que se le están dando a la contratación directa?

En el 2014 se inició una investigación para determinar el monto de los recursos del presupuesto de inversión que los departamentos contratan bajo el marco del Decreto 777. Lo que se quería establecer era la magnitud de los recursos públicos que estaban siendo invertidos por parte de los departamentos con entidades sin ánimo de lucro por vía directa, y se encontró que muchos invierten sumas muy cuantiosas, que en ocasiones superan más del 50% del presupuesto de inversión.

¿En qué departamentos, específicamente, pasa esto?

En Tolima y Caquetá encontramos que más del 50% de su presupuesto de inversión se gasta a través de contratación directa con entidades sin ánimo de lucro. Otros casos muy dramáticos se dan en Córdoba, Bolívar, Huila, Meta, Caldas y Nariño. Y le siguen, Valle del Cauca, Antioquia y Boyacá.

¿Qué se encontró en el último informe presentado por la Procuraduría, al respecto?

Que el panorama es catastrófico. Cerca de nueve billones de pesos se ejecutan por medio de contratación directa y la parte más importante se da en la modalidad de contratos de prestación de servicios.

¿Cuáles son las cifras?

A nivel territorial, la contratación directa en el periodo 2014 ascendió a $9,64 billones, que corresponden al 36,94% del total de la contratación de las entidades territoriales. Mientras que la licitación pública únicamente asciende a 28,95%; la subasta al 3,40%;  la selección abreviada de menor cuantía a 7,92% y la contratación de mínima cuantía 3,97%. Esta contratación directa se hace a través de 238.000 contratos, lo cual refleja la complejidad de vigilar el gasto y la contratación pública del país.

¿Cómo le sacan provecho a estos recursos los candidatos durante el periodo electoral?

Hay dos mecanismos que se están dando. A veces los candidatos terminan financiados por fundaciones que ellos respaldan, bien sea en calidad de fundadores o representantes legales de las mismas, o simplemente porque tienen un testaferro que lo que hace es recibir los recursos de los contratos que ellos les ayudan a gestionar con entidades públicas.

¿Qué casos particulares se han dado?

Por ejemplo, una fundación obtiene contratos en el periodo 2013-2014 por 2.000 millones con un municipio. El alcalde contrata con esa fundación sin hacer licitación pública. Le da los recursos, la organización ejecuta parte del contrato o simula ejecutarlo, y una parte restante del presupuesto que le sobra, simplemente lo canaliza para financiar las aspiraciones del candidato que le ayudó a conseguir el contrato, que muchas veces, es de la misma corriente política del alcalde o gobernador actual. Esto termina siendo un espiral de beneficios recíprocos y clientelismo.

¿Y quién vigila o controla esto?

El problema es que nadie vigila seriamente a las entidades sin ánimo de lucro. Ellas no son sujetos de vigilancia de ninguna superintendencia. Y, las que se suponen son las entidades que las deben vigilar, que son las gobernaciones y las alcaldías, son las mismas que contratan con ellos. Por supuesto, en ese contexto, a nadie le interesa vigilarlos porque se daña el “negocio”.

¿Se sabe cuántos recursos se han perdido de esta forma?

Ahora no tenemos la forma de cuantificar qué parte de lo que se contrata con las entidades sin ánimo de lucro está siendo utilizado por candidatos corruptos. Pero, lo que estamos viendo es el riesgo inmenso que debemos atacar.

¿En qué municipios ha habido denuncias?

Hay algunas denuncias en Puerto Colombia (Atlántico), en donde la fundación ‘Somos Más’ está sirviendo para hacer proselitismo político en favor de un candidato. Le pedimos al Consejo Nacional Electoral que revise si esos gastos de campaña están siendo declarados oficialmente.

¿Hay denuncias contra candidatos por hechos como estos?

Hay nombres de candidatos, pero hasta que las autoridades no avancen prefiero no mencionar  a ninguno.

¿Ante qué entidades denunciaron?

Hemos puesto esas denuncias ante la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel). Lo hemos denunciado ante la Mesa de Seguimiento Electoral, y por supuesto ante el Consejo Nacional Electoral y ante la Fiscalía General de la Nación.

¿Será posible comprobar la participación de esos aspirantes antes de que eventualmente sean elegidos?

Lo más importante es buscar soluciones estructurales a un problema estructural. ¿Qué nos va a solucionar el problema? Una decisión que tomamos en el marco de la Comisión Nacional de Moralización en dos vías: primero, estamos trabajando en una reforma al régimen de contratación del Decreto 777 y, segundo, estamos trabajando en un proyecto de reforma al régimen de vigilancia y control sobre las entidades sin ánimo de lucro que contratan con el Estado.

El Decreto 777 es del año 1992, ¿esta situación se estaría presentando desde esa fecha?

Sí, es muy posible.

Bogotá | Colprensa