El que se creía ‘congelado’ proceso para la elección del contralor municipal de Cúcuta para el periodo 2016-2019, volvió a dar de qué hablar, al ser admitida una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

En esa corporación, la acción interpuesta por Alix Yirley Vargas Torrado contra el municipio y el Concejo de Cúcuta, le correspondió al magistrado Édgar Bernal. 

La demandante, quien es esposa del exancandidato a la Alcaldía, Jorge Acevedo, busca la anulación  del acta del 9 de enero de 2016, mediante la cual el cabildo declaró desierta la convocatoria pública para elegir el fiscalizador de las finanzas locales y reactivar el trámite para que la elijan en ese cargo.

Con Alix Yirley Vargas Torrado como única candidata, la votación del Concejo dio el siguiente resultado: 13 votos en blanco, 2 nulos y 4 a favor de ella.

Al imponerse el voto en blanco y considerar el Concejo que era una convocatoria pública y no un concurso de méritos que obliga a elegir de una lista de elegibles, la mesa directiva presidida por Víctor Suárez declaró desierta esa elección.

Pero la aspirante que busca tumbar esa decisión, expuso el siguiente argumento en la demanda ante el Contencioso:

“La elección conforme a  lo señalado en el Acto Legislativo 02 de 2015, estaba precedida de un proceso de convocatoria pública de la cual resultó una lista de elegibles y sobre la cual debe recaer la elección, dado que esta se llevó a cabo bajo el criterio del mérito y no como anteriormente determinaba la Constitución, cuando señalaba que la elección de contralor se efectuaría de ternas...”.

Fueron los directivos del Concejo que concluyó su periodo en diciembre de 2015 quienes dejaron montado el procedimiento para contralor, en el cual terminaron tres aspirantes en la lista, pero al renunciar dos de ellas, solo quedó Vargas Torrado.

De acuerdo con la página web del cabildo, por orden judicial se encuentra suspendido  el proceso de convocatoria para elegir al titular del despacho de la Contraloría, donde se desempeña como encargado,  Pedro Arturo Acosta Quintero.

La aspirante, que en su momento usó la tutela para que la eligieran, afirma en la demanda que el Concejo utilizó como “mecanismo el voto en blanco que no aplicaba para este caso y  la declaratoria de desierta se hizo sin ninguna justificación jurídica”.

Por lo tanto, le pide al Contencioso que le ordene al Concejo “la elección o designación” de Vargas Torrado como contralora y el pago de sus salarios durante el tiempo que dejó de percibirlos o si pasan los cuatro años, indemnizarla.

La Opinión