En dos días, con discusiones de más de 11 horas y una subcomisión que trabajó en las noches, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el nuevo Código de Policía en último debate, pese al gran número de proposiciones que se plantearon por parte de los congresistas. Sin embargo, aún le queda pendiente la conciliación con Senado.

Se trata de más de 240 artículos que regulan el comportamiento de los ciudadanos en todo el territorio y que pretenden actualizar las herramientas de la Policía Nacional para mantener la convivencia en ámbitos que no están contemplados en el Código actual, que rige desde hace 40 años.

Los partidos de Alianza Verde y el Polo Democrático fueron los más críticos a lo propuesto por el Gobierno Nacional en esta nueva reglamentación, al calificarla de represiva y coercitiva por la forma en la que se toca a los habitantes de calle, los niños, niñas y adolescentes, la protesta social, entre otros sectores.

Entre lo avalado del Código que se aplicaría como tal, después de tres días de la implementación pedagógica, se plantean normas que tocan todo tipo de aspectos cotidianos.

Durante este miércoles se aprobaron prohibiciones como el uso de gas pimienta, la pólvora; multas para quienes protagonicen riñas en la calle; actos circenses en las calles; se dieron autorizaciones para que uniformados de la Policía Nacional puedan registrar personas, bienes, así como ingresar a las instituciones educativas cuando se produzcan conductas que afecten la convivencia; y se establecieron entre otras cosas, obligaciones como la de avisar cuándo se va a hacer una protesta social y que las autoridades la disuelvan cuando lo crean pertinente.

Hoy, entre lo aprobado figura la prohibición de hacer grafitis, pero con la aclaración de que recibirán multas y tendrán que reparar los daños, pero no se podrá ejercer el uso de la fuerza por parte de la Policía ni la incautación de los instrumentos que se utilicen, solo por el hecho de hacer el grafiti.

Esto ante la crítica del representante Inti Asprilla, quien condenó el hecho de plantear y estigmatizar a los jóvenes que realizan este tipo de trabajo y más considerando los atropellos que se han producido en contra de ellos como la muerte de Diego Felipe Becerra.

Además, criticaron las consecuencias que podrían generar para los vendedores informales, pues se prohíbe la ocupación del espacio público; por ello se estableció un parágrafo en el que se obliga a las autoridades a crear durante los seis meses después de la aprobación de la ley, medidas que garanticen el trabajo de estas personas.

También se aprobó la creación de Centros de Refugio Temporal para habitantes de calle que se encuentren en un estado alterado de conciencia, aunque con críticas por parte de la representante Ángela María Robledo, especialmente por la facultad que se les daría a los uniformados para que determinen quién se encuentra en un estado así, porque sería inconstitucional.

"Reconozco que es una problemática pero la manera como está redactado viola el bloque de constitucionalidad y la sentencia 040 del 2006, que señala que la mendicidad no es un delito, no es una contravención y por lo tanto, no puede decretarse una reclusión ni en clínica ni en hospital, ni establecimiento público", dijo.

Otro de los artículos más discutidos fue el que le otorga facultades a los alcaldes para establecer toques de queda a los niños, niñas y adolescentes, incluso de Unicef; pero se aprobó con la condición de que el Ministerio Público y el Bienestar Familiar acompañarán la implementación de la medida.

También se establecieron cosas como la posibilidad de cortar el fluido eléctrico para quienes no hagan caso a las autoridades en repetidas ocasiones de no hacer ruido y que los establecimientos públicos están en la obligación de tener servicio de baño, especialmente para las mujeres en estado de embarazo, niñas, niños y adultos mayores. 

Bogotá | Colprensa