Mientras que el Gobierno Nacional lucha para que sean aprobadas las reformas constitucionales de la política y la justicia, la enmienda que vuelve a elevar a delito el narcotráfico y el secuestro y que no sean amnistiables en los procesos de negociación de paz, ya está a punto de lograr cerrar su primera vuelta.

Este miércoles, la Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate el articulado de dicho acto legislativo, aunque se dio con unas mayorías justas, esto porque tan sólo tuvo 8 votos a favor y 4 en contra. La reforma no es compartida por los sectores de izquierda, en particular las Farc.

Y fue la ministra de Justicia, Gloria María Borrero Restrepo, quien defendió el proyecto. Durante el debate sostuvo que si bien la Constitución de 1991 no define explícitamente el delito político, sí lo hace frente a sus consecuencias, “continuando con la tradición de la Constitución de 1886, que elevó a rango constitucional el tratamiento ‘privilegiado’ o ‘benévolo’ de los delitos políticos”.

Según Borrero, “este proyecto obedece fundamentalmente a necesidades jurídicas y técnicas, pues se trata de ponerle límites al desbordado alcance que al delito político y sus consecuencias –amnistías e indultos- se les ha querido dar”.

En la negociación que se dio durante el gobierno anterior, fue así como se permitió, que por una única vez, los entonces jefes de la guerrilla de las Farc dejaran las armas y se reincorporaran a la vida civil sin tener que ir a la cárcel por haber estado comprometidos en los delitos de narcotráfico o secuestro.

El cuarto debate se estaría dando la otra semana en la plenaria del Senado, y así estaría cumpliendo la primera vuelta. La segunda se empezará a dar desde marzo, en la segunda parte de esta legislatura y se prevé que para junio, a más tardar, ya esté aprobada y en vigencia la reforma.