El fallo proferido en enero pasado y que libra de responsabilidad fiscal al excongresista Carlos Hernández Mogollón y otros miembros de la junta directiva de la Corporación Parques Cúcuta, frente al manejo de los recursos del  malogrado proyecto del Parque Bavaria, no solo generó malestar sino que llevó a algunos a solicitar la intervención de la Auditoría General de la República.

Uno de ellos fue Jaime Alonso Vásquez Giraldo, quien  días atrás le envió una petición a la entidad para que “ejerza vigilancia” sobre la gestión fiscal hecha por la Contraloría Municipal respecto del sonado caso.

No obstante, en respuesta a una consulta elevada  por el autor de la acción popular que le puso freno al proyecto urbanístico, Jorge Heriberto Moreno, el ente fiscalizador  precisó que no puede proceder como instancia de revisión, “para modificar, revocar o confirmar las decisiones de las contralorías, como tampoco ejercer funciones de control que competen a otras jurisdicciones”.

De acuerdo con la Auditoría, de hacerlo, “se estaría coadministrando en la labor misional de esa entidad, lo cual está expresamente prohibido en el control fiscal”.

En su consulta, Moreno solicitaba que se conceptuara si la Auditoría General tenía facultades de intervención sobre los fallos de responsabilidad fiscal dictados por la Contraloría Municipal de Cúcuta.

“Entiéndase facultades de intervención aquellas de revocar y dejar sin efecto fallos; aquellas de ordenar seguir con el proceso fiscal, de denunciar penal y disciplinariamente a los funcionarios cuando se adviertan actos contrarios a la ley en los fallos; aquellas que les permitan asumir  directamente la investigación fiscal en un acto de poder preferente”, preguntó Moreno.

Al respecto, el organismo de vigilancia  reiteró que la Auditoría no pude modificar las decisiones de fondo proferidas dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, “toda vez que lo que se trata es de revisar si en los procesos que adelantan esas contralorías, se realiza una gestión eficiente y eficaz y que las actuaciones desplegadas se rijan a los términos de ley”.

Y le respondieron a Moreno que si quiere interponer alguna queja a efectos de que se investigue la conducta de los funcionarios que eventualmente pudieron transgredir el ordenamiento jurídico, la tramite ante la Procuraduría Regional de Norte de Santander, que es el organismo competente para iniciar las respectivas investigaciones disciplinarias.