Desde que se implementó la Ley de Víctimas (Ley 1448), en junio de 2011, la Unidad que tiene a cargo el direccionamiento de las políticas y beneficios para aquellos que han sufrido los rigores del conflicto armado, viene adelantando una evaluación a la forma como los departamentos y municipios cumplen con su tarea y obligación en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral.

Durante el primer año de ejecución de la histórica norma, el Gobierno Nacional verificó las acciones que los diferentes entes territoriales lideraron para la adecuación y alistamiento institucional que exigía la Ley para su puesta en marcha.

Un año después, la evaluación se orientó a medir la operatividad de esa institucionalidad y la implementación inicial de los programas y proyectos para beneficiar a la población víctima de cada territorio.

Durante estos ejercicios, la Unidad pudo identificar, evidenciar y reconocer los avances, fortalezas, debilidades y necesidades que los municipios y departamentos tienen frente a la efectiva aplicación de la norma y definió en qué aspectos se deben priorizar o focalizar las acciones que benefician a esta población.

En 2014 y con un poco más de terreno abonado en la nada fácil misión de reparar a los millones de víctimas que ha dejado la guerra en el país, la Unidad para la Atención y Reparación Integral lideró una nueva evaluación, esta vez para medir la consolidación de la política pública de asistencia, atención y reparación integral.

“Una revisión al avance de las competencias evaluadas el año anterior y la implementación de otros componentes relacionados con reparación colectiva, restitución de tierras y prevención que no habían sido incorporados anteriormente”, explicó la directora de la Unidad, Paula Gaviria.

En total fueron 1.133 las entidades evaluadas y en las que se pudo constatar que el desempeño mejoró con respecto a 2013, a pesar de que el nivel de exigencia también aumentó entre ambos periodos.

“Aunque persisten retos en la implementación de la política para víctimas en los territorios, sabemos que se han desarrollado muchos programas y estrategias exitosas. Esas lecciones aprendidas y buenas prácticas son el capital más valioso que dejan las actuales administraciones a los nuevos mandatarios que enfrentarán los retos que implica construir un país que reconozca a las víctimas y camine hacia la paz”, aseguró Gaviria.

El desempeño de Norte de Santander

Sin embargo, a pesar de que a nivel nacional el desempeño de los entes territoriales mejoró, en los 40 municipios de Norte de Santander, así como en la Gobernación, los resultados de la evaluación coinciden con la percepción que tienen las víctimas sobre su atención: sigue siendo muy regular, pese a que esta es una de las zonas del país en donde el conflicto se sintió con mayor intensidad.

Y es que en 22 localidades de la región (55%), la tarea de las administraciones frente a la implementación de la Ley de Víctimas se ha quedado en un rango medio y bajo. Es decir, solo han cumplido entre el 50 y el 75% de las acciones encaminadas a satisfacer los derechos de las víctimas. Otras no llegan ni siquiera al 50%.  (Ver mapa).

Esto quiere decir que, aunque existe un interés por parte de las alcaldías y gobernaciones de implementar la política pública de víctimas, hay aspectos por fortalecer.

En los seis municipios que no lograron superar la mitad de los compromisos adquiridos y siguen en deuda con las víctimas (Cáchira, El Carmen, Lourdes, Mutiscua, Puerto Santander y Salazar de las Palmas), la Unidad encontró que todavía existe una baja contribución o interés frente a la tarea que deben cumplir y, por lo tanto, sus mandatarios tendrán que liderar, inmediatamente, acciones para consolidar la política en sus territorios.

Este panorama se hace evidente en la insatisfacción y las quejas que a diario se escuchan por parte de muchos representantes de este sector que todavía aguardan por la reparación de sus seres queridos y que sienten que el Estado aún no compensa en nada el daño ocasionado en medio de la violencia que se vivió en el departamento.

Solo tres municipios: Tibú, El Tarra y La Playa, recibieron una calificación alta por parte de la entidad gubernamental (superior al 100%), toda vez que obtuvieron puntos adicionales por cuanto fueron más allá y avanzaron en una mejor atención.

Las otras 15 poblaciones del departamento se ubicaron en un rango alto (entre 75 y 100% de cumplimiento), gracias a que evidenciaron un gran compromiso en la implementación de la Ley de Víctimas.

En cuanto a la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, ambas entidades territoriales no lograron superar el rango medio de calificación, lo que supone un mayor reto para los gobernantes que se posesionen el primero de enero de 2016, quienes deberán  ser mucho más rigurosos y darle mayor prioridad a la atención a las víctimas.

“La Unidad para las Víctimas es consciente de que aún se deben afrontar diferentes retos en términos de política pública para víctimas, por lo que hace un llamado a todas las entidades y sectores de la población implicados en ella, a mantener su compromiso con la correcta aplicación de la Ley, a conservar los avances logrados y a seguir trabajando para alcanzar el goce efectivo de los derechos de las víctimas”, manifestó Gaviria.

Resultados de la medición a nivel nacional

Solo 43 entidades territoriales, de las 1.133 evaluadas, se situaron en un nivel de contribución alta sobresaliente (superior al 100%). En este grupo se destacan las Gobernaciones de Antioquia, Meta y Huila y los municipios de Sitio Nuevo, Tibú, Suaza, Barrancabermeja, Algarrobo, El Peñón y Santa Rosa del Sur.

216 entidades territoriales obtuvieron un nivel de contribución alta (una puntuación entre el 75 y el 100%).

Las entidades territoriales que lograron una contribución media (entre el 50 y el 75%), fueron 417.

457 entidades registraron una baja contribución, pues no alcanzaron el 50% de las actividades evaluadas.

En relación con las ciudades capitales, es evidente una mejora en las calificaciones: 21 de ellas obtuvieron resultados de certificación alta (16) y sobresaliente (5), y solo una registró un nivel bajo. Se destacan Villavicencio, Leticia, Bogotá, San José del Guaviare y Medellín.

En cuanto a Gobernaciones, el panorama es similar al 2013, con un 50% que registra una contribución alta, mientras la otra mitad se distribuye equitativamente en niveles medios y bajos. Sin embargo, se destacan las acciones de acompañamientos a los municipios de cada jurisdicción.

De los 216 municipios que albergan el 80% de las víctimas inscritas en el registro, el 31% obtuvo una certificación baja, mientras que el 31,5% tiene una calificación alta.

*Redacción La Opinión