La lucha armada de la guerrilla del Eln se ha caracterizado por atacar a la Fuerza Pública y, en ocasiones, a la población civil. Sin embargo, hay otra cara de su accionar belicista que también ha dejado una enorme herida ambiental y económica en el país, que son los constantes atentados contra la infraestructura petrolera.

El comandante de la Segunda División del Ejército, general Jaime Carvajal Villamizar, aseguró que el año pasado se registraron 63 ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas en los departamentos de Arauca, Boyacá, Norte de Santander y Santander. El oficial indicó que el propósito de estos ataques es complementar sus fuentes financieras.

En diálogo con COLPRENSA, Carvajal Villamizar explicó que estas acciones son generadas para alimentar el negocio de narcotráfico, porque a través del robo del hidrocarburo pueden “refinar y procesar la pasta de coca”. El oficial también señaló que los subversivos no se apoderan del crudo que queda en el lugar del derramamiento, sino en el tubo averiado.

El comandante de la Segunda División indicó que los subversivos también tienen la modalidad de implementar válvulas que son instaladas en los tubos por donde cruza el crudo, para que cuando lleguen a donde está instalado el mecanismo se registre un desvío de material y este culmine en poder de este grupo guerrillero.

El general señaló que las regiones fronterizas, donde se han registrado la mayor parte de los atentados, son las más propensas a que se presenten estos actos “terroristas”, debido a que tienen una salida rápida del país, especialmente hacia Venezuela, donde el Gobierno Nacional ha denunciado que se encuentran algunos de los miembros del Eln.  

A los señalamientos del oficial se suma un estudio hecho por la organización ‘Crudo Transparente’, que produce información de análisis socio-económico y fomenta espacios de socialización y debate sobre el sector petrolero en Colombia, quienes consideran que los hostigamientos disminuyeron una vez se registraron los ceses al fuego cuando este grupo adelantaba los diálogos de paz con el Gobierno.

La organización no le adjudica la responsabilidad completa al Eln, sino que toman como base si el ataque es perpetrado donde tiene injerencia armada este grupo guerrillero, por eso las cifras son diferentes a las presentadas por el Ejército y Ecopetrol. Para ‘Crudo Transparente’, en 2018 se registraron 25 ataques a los oleoductos en Arauca, Boyacá, Casanare, Nariño y Norte de Santander.

La investigadora Katherine Casas explicó que los atentados a estas estructuras tienen el objetivo de generar tráfico de combustible, otra de las modalidades financieras que, a juicio de las autoridades, terminan alimentando su accionar delictivo en el territorio nacional. Además, dijo que los hostigamientos en estas regiones son debido a la disputa de territorios entre grupos que delinquen allí.

El estudio revelado el pasado 22 de enero, da cuenta que durante 2018 “la conflictividad relacionada con el sector petrolero se concentró en atentados a los oleoductos, derrames de crudo, protestas en contra de las compañías y contrabando de hidrocarburos, entre otras”.

La organización reiteró que los hostigamientos tuvieron un incremento el año pasado, teniendo como registro 22 ataques en 2017 y 25 en 2018. Y así como las autoridades registraron que uno de los departamentos más afectados es Norte de Santander, el informe reveló que allí se registraron derrames de crudo, afloramientos, hostigamientos a la infraestructura, instalaciones de válvulas, bloqueos de vías, contrabando, entre otros.

De acuerdo con la investigadora, Arauca es otro de los departamentos donde más se registra afectaciones. “En esta región la afectación a la industria estuvo ligada a acciones de contrabando de crudo y varios atentados al tubo Caño Limón Coveñas. Por ejemplo, en 2018 se incautó un total de 27.610 galones de combustible, que significó el 11 % del total registrado en el país”.

En cuanto al departamento de Nariño, el informe reveló que durante 2018 ocurrieron hostigamientos contra la infraestructura en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Pupiales. “Estos ataques en su mayoría causaron derrames que contaminaron los cuerpos de agua y la capa vegetal de estos sectores”.

Para el coronel (r) Carlos Alberto Velásquez, los ataques a la infraestructura petrolera tienden a aumentar luego de que se levantara la mesa con el Eln. “Ellos van a dejar pasar un buen tiempo para cometer actos terroristas y mientras pasa eso, para hacerse sentir, van a procurar realizar atentados tipo sabotaje a la infraestructura que esté cerca de la frontera”.

Los impactos

Los atentados contra la infraestructura petrolera han sido la constante del Eln con el fin de afectar al Estado y buscar nuevas formas de financiación. Sin embargo, estos hechos impactan directamente a la economía, al medio ambiente y a la sociedad.

Cifras de Ecopetrol evidencian que durante los últimos 40 años, aproximadamente, la infraestructura petrolera del país ha sido atacada en cerca de 2800 oportunidades, lo cual ha generado el derrame de más de 3,7 millones de barriles de crudo.  

Solo en 2018 se registraron, según la petrolera, 107 ataques contra los dos principales oleoductos en el país: 89 atentados a Caño Limón Coveñas, 16 a la línea del Trasandino y dos a la infraestructura en Casanare. Además, en los 25 días de enero ya se han presentado seis atentados.

Estos ataques, además de tener un impacto en la industria, que genera uno de los mayores recursos económicos para el país, también se traslada al campo ambiental, con la contaminación de fuentes hídricas, fauna y flora. 

El vicepresidente de Desarrollo Sostenible de Ecopetrol, Aníbal Fernández de Soto, indicó que los ataques han puesto en riesgo ecosistemas únicos, donde habitan peces, reptiles y anfibios. “Estas voladuras generan derrame de crudo y afectaciones económicas y ambientales incalculables, que comprenden impactos a fuentes de agua, suelo, capa vegetal y cultivos, siendo los departamentos de Norte de Santander, Arauca, Nariño y Putumayo los más afectados”, explicó.

El presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, Julio César Vera, consideró que este tipo de afectaciones tiene un impacto directo en los ingresos de la Nación, lo cual también se traslada a las finanzas de los departamentos productores, que reciben ingresos adicionales a través de las regalías que genera esta actividad.

“Este tipo de hechos genera una parálisis de la actividad, lo cual conlleva a que no exista producción y esto también tiene un efecto en el tema de las regalías e ingresos del Estado. Tenemos que tener en cuenta que Caño Limón Coveñas significa aproximadamente un 8 % de la producción nacional y si se afecta tenemos un efecto directo sobre la producción del país”, indicó Vera.

El presupuesto bienal (2019-2020) de regalías aprobado por el Congreso de la República prevé que la industria petrolera aporte 19,3 billones de pesos en recursos para las regiones por concepto de la explotación de hidrocarburos, lo cual refleja la importancia de que no se generen afectaciones externas, como con los ataques que afecten al sector.

El dato

Los atentados al Oleoducto Caño Limón-Coveñas, según las cifras de Ecopetrol, han afectado más de 65.000 metros cuadrados de suelo y cerca de 40.500 metros lineales de cuerpos de agua. Los mayores impactos se han registrado en los ríos Arauca, Tibú, Catatumbo y Tarra, y las quebradas; El Loro, El Carmen, La Medrosa, La Pérdida y Caño Victoria.