Una de las campañas más azarosas de los últimos años está a punto de llegar a su fin, cuando este domingo los colombianos vayan a las urnas. Y es que no solo hay casi 4.000 alertas por los ya conocidos delitos electorales, sino que las alarmas por violencia están encendidas desde hace varias semanas, y no sin razón, pues incluso hubo varios candidatos asesinados. 

La Misión de Observación Electoral, MOE, en su último informe previo a los comicios de este 27 de octubre, hizo una advertencia al gobierno nacional, a las autoridades policiales y administraciones regionales sobre posibles hechos de orden público que se darían el domingo luego de conocerse los resultados. 

A simple vista parecería que la MOE podría estar exagerando una eventual situación, pero no, en las elecciones del 2015, Colombia vio como en los días previos, el mismo y días después, se usaron las asonadas para rechazar los reportes finales.

Hace cuatro años hubo 80 eventos de disturbios en 72 municipios del país, 2 antes del inicio de la votación, 29 durante la jornada de votación y 49 luego del cierre. 

En ese sentido, la MOE llamó a prestar “la máxima atención al riesgo de que se presenten disturbios antes, durante, o después de la jornada electoral”. Las ‘alarmas’, en particular, están en el municipio de Pedraza, Magdalena, donde hubo ataques contra la Registraduría el 27 de agosto, luego del cierre del proceso de inscripción de cédulas. 

“A la fecha la MOE tiene conocimiento de riesgo de disturbios en distintas regiones. En La Guajira la misma Registraduría delegada ha señalado que se están organizando ‘piedratones’ contra las sedes de la autoridad electoral, en casos como Barrancas, Urumita, La Jagua del Pilar y Hatonuevo. Los observadores de la MOE en Atlántico, reportan tensiones que pueden derivar en disturbios en Turbará, Piojó, Sabanalarga y Campo de la Cruz”. 

Un departamento más que llama la atención a la MOE por lo que podría pasar en las elecciones es Cauca. Según Pilas con el Voto, un sitio web creado y administrado por la MOE, que permite reportar irregularidades electorales, se mencionan tensiones entre distintas comunidades en Argelia, La Vega y Caloto, así como un entorno de inseguridad en Guapi. 

Meta también está entre los departamentos que preocupa por alertas en los municipios de Cabuyaro, Guamal, y Barranca de Upía, así como Mapiripán (que ya tuvo asonada en 2015), San Martín y Acacías han sido señalados en comisión departamental de seguimiento por los riesgos de disturbios. 

Más alarmas

Otro tema que llamó la atención la MOE para las elecciones del domingo son los riesgos de eventuales fraudes. En tal sentido resaltan que hay un alto porcentaje de los jurados que estarán en las mesas y que no tuvieron la capacitación adecuada para la función de contar y registrar los sufragios. 

“La MOE subraya que 13 departamentos tienen menos del 40% de los jurados inscritos capacitados: Vichada, Caquetá, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, La Guajira y Chocó. Estos dos últimos casos están por debajo del 20% de jurados capacitados (13.3% y 19.7% respectivamente). En particular, 533 (49.2%) de los 1122 municipios y corregimientos departamentales analizados no tienen ningún jurado de votación capacitado, habiéndose inscrito 121.112 jurados en estos territorios”. 

En la otra orilla, la MOE dice que en 127 municipios tienen más del 90% de los jurados de votación inscritos ya capacitados; en 21 de estos municipios se ha capacitado el 100% de los jurados. “Teniendo en cuenta que de acuerdo con la División Política Electoral (DIVIPOLE) hay 107.305 mesas de votación en todo el país para estas elecciones, a una semana de las elecciones habría únicamente 3 jurados capacitados por cada mesa de votación en el país”, dice el reporte. 

Un motivo más de preocupación sobre los jurados de votación es su forma de selección. ”La MOE elaboró una muestra mediante la selección aleatoria del 20% de los municipios de cada departamento, y en esa muestra se hallaron inconsistencias entre el número de empleados o ciudadanos registrados y los que finalmente resultaron aptos para el sorteo”. 

Lo público

En este último reporte sobre alarmas electorales, llama la atención por el uso de recursos públicos en corrupción y constreñimiento al sufragante, por parte de funcionarios que trabajan con entidades del Estado. 

La MOE ha identificado 272 reportes relacionados con la utilización de recursos públicos y se han evidenciado en realización de eventos públicos y reuniones de programas sociales para promocionar candidatos; utilización de bienes estatales (instituciones educativas, medios de transporte, equipos tecnológicos, entre otros) en la realización de campañas políticas; construcción de vías u obras públicas, entrega de subsidios o apoyos estatales para promocionar candidatos y/o exigir su voto por el candidato. 

Para la entidad un problema más es la exclusión irregular de cédulas de ciudadanía tras la anulación de inscripciones de documentos de identidad por trashumancia de parte del CNE, esto porque se han recibido reportes sobre la exclusión del censo electoral de personas que ni siquiera efectuaron la inscripción para este proceso electoral, y que además han votado en los últimos procesos electorales en el puesto de votación del cual fueron excluidos. 

“Para la MOE es preocupante que la insuficiente publicidad de los mecanismos de impugnación frente a la anulación de cédulas. A través de los reportes se detectan dos problemas. Primero, el desconocimiento de parte de la ciudadanía en relación con la existencia y el uso de este recurso. Segundo, el poco tiempo que tiene el CNE para resolver los recursos presentados. Como se mencionó previamente, para el proceso electoral de 2015 la Autoridad Electoral terminó de resolver este tipo de reclamaciones en noviembre de 2016”, se señala en el reporte.