Lotes de carros y motos y casas entregadas por exparamilitares en el proceso de Justicia y Paz serán los próximos bienes que la Unidad de Víctimas subastará de manera virtual, a fin de utilizar el dinero recogido en reparar a víctimas del conflicto.

Las subastas empezaron el 29 de junio, con relojes y joyas que pertenecían al excomandante paramilitar Hebert Veloza García, ‘HH’, quien está extraditado en los Estados Unidos), como una forma de monetizar los bienes que entregan los desmovilizados y son administrados por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, adscrito a la Unidad.

En la primera subasta se obtuvieron $22 millones de la venta de los relojes. Aunque se esperaba recaudar más, para la Unidad fue un proceso exitoso, porque le permitió probar el mecanismo que considera más adecuado para monetizar bienes públicos, explicó a COLPRENSA la directora de Reparación, María Eugenia Morales.

La funcionaria señala que en el proceso de monetización de esos bienes se dificulta hacer el tránsito a la legalidad y que con la subasta de los relojes y las joyas de ‘HH’ se abrió camino a un proceso para adquirir el dinero y usarlo exclusivamente en las indemnizaciones que ordenan los magistrados de Justicia y Paz cuando condenan a un paramilitar.

La propaganda de la primera subasta virtual no decía de quiénes eran las joyas ni los relojes, por decisión estratégica y también se mantendrá en reserva la identidad de quienes hicieron las compras.

El Fondo tiene a su cargo la administración de 1300 bienes que se han recibido desde el 2011, con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas. Tiene desde una medalla de oro con la que el jefe del Bloque Central Bolívar ‘premiaba’ a sus integrantes, hasta un corregimiento entero, La Danta, de Sonsón (Antioquia), en donde Luis Eduardo Zuluaga Arcila, alias ‘McGuiver’, era ley.

Sí, un corregimiento de 30 casas que fue levantado por ‘McGuiver’. “Él construyó las casas, una plaza de toros y un puesto de salud; todo llegó al Fondo y nos tocó mirar con la Alcaldía qué hacer, porque no podemos sacar a la gente. Lo que hicimos fue un contrato de arrendamiento simbólico con las familias, por $10.000  que cada una paga cumplidamente”, relató Morales.

Salvo casos tan excepcionales como ese, o el de la medalla, que planean entregar al Centro de Memoria Histórica para que sea expuesta, el Fondo maneja tanto bienes que ya reciben ‘limpios’ (pueden ser subastados de inmediato) como otros que apenas inician el proceso de extinción del dominio por parte de la Fiscalía y que deben ser administrados mientras tanto.

“Tenemos relojes, cadenas, 1.300 hectáreas de palma, apartamentos, fincas, casas, proyectos productivos. Con la monetización legalizamos todos estos bienes, que deben ser alistados. Para una casa, por ejemplo, los documentos deben estar en regla, debe haber un avalúo, para que quien compre, tenga todo claro”, explicó Morales.

Tiene que ser subasta porque la Unidad no puede vender directamente los bienes, que se entienden como recursos públicos, y porque debe ser un proceso totalmente transparente y blindado jurídicamente.

De esos 1300 bienes, no pueden ser monetizados ni subastados los que están en proceso de extinción del derecho de dominio o los que tienen reclamaciones de restitución de tierras. Actualmente, de 628 inmuebles rurales que administra el Fondo, 103 tienen solicitudes de restitución. Y  de 357 bienes urbanos, siete tienen reclamaciones.

¿Qué tipo de bienes?

El Fondo cuenta con los 628 inmuebles rurales, 357 urbanos, 17 vehículos y motos y tres establecimientos comerciales. También maneja $2500 millones que el Bloque Vencedores de Arauca entregó en efectivo; cinco títulos judiciales; tres armas de fuego; elementos de clínica; electrodomésticos; prendas de vestir; 25 semovientes; 25 acciones de la sociedad Coganur S.A. (Comercializadora Ganadera del Darién y el Norte de Urabá) y tres sociedades: Incusol S.A, Sociedad Complejo Turístico Ocaso Caribe y L’Noteca Atlántico S.A. Todo esto, avaluado en $280.016.855.492,50.

En proyectos productivos el Fondo tiene, por ejemplo, una cooperativa de aceite de palma en el sur de Bolívar, otra en Mapiripán, una planta de caucho, fincas con explotación minera, entre otros. Estos están concentrados principalmente en Antioquia, Sucre, Córdoba y Meta.

En algunos casos el manejo de las fincas se entrega en comodato por parte del Fondo a organizaciones de víctimas para que las usufructúen, administren y les sirvan para la generación de recursos.

Eso sucedió con la organización ‘Supérate’, creada por víctimas de violencia sexual en Sincelejo. Las mujeres recibieron una finca que entregó el exparamilitar Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Antes se llamaba ‘La Veraka’ y fue rebautizada por las mujeres como ‘Nuevos Horizontes’. Allí se dedican a un proyecto de piscicultura con apoyo del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo).

El fondo tiene 302 contratos de arrendamiento de bienes, 17 en comodato, siete de depósito, 47 de conserje, cuatro de vigilancia, una póliza, quince por parqueaderos y otro más para una caja fuerte.

Cobro de multas

El Fondo de Reparación también tiene como fuente de financiación el cobro de multas y de condenas económicas impuestas en las sentencias judiciales a integrantes de las Autodefensas (1299),  de las bacrim (305), del ELN (44), del Erpac (175), de las Farc (682), de la Fuerza Pública (16), a ‘Parapolíticos’ (36) y a servidores públicos (3) por un total de $3.200’931.286.

De acuerdo con Morales, se ha presentado que muchas de estas personas condenadas no tienen ya capacidad de pago, por lo que la Unidad de Víctimas y su oficina jurídica trabajan para hacer un seguimiento a estos casos.

“Hay una persona que paga 500 mil pesos mensuales y así se va a demorar mucho. Estamos haciendo trámites para que entidades especializadas puedan hacer el cobro de estas multas, porque no somos cobradores; estamos en esa gestión”, aseguró.

¿A quiénes beneficia?

Los dineros que se conseguirán con las subastas tienen como fin único el pago de indemnizaciones judiciales ordenadas por los magistrados en sentencias que ya están ejecutoriadas o en proceso.

De acuerdo con el balance de la Unidad, hasta el momento en Justica y Paz se han emitido 35 fallos, 20 de los cuales ya están ejecutoriados. En estos, hay 5998 personas reconocidas como víctimas y 6089 hechos victimizantes reconocidos, entre los cuales la mayor parte es por desplazamiento forzado, homicidio, secuestro y reclutamiento de menores.

El balance de la Unidad señala que se han hecho indemnizaciones en doce fallos, que incluyen las emblemáticas sentencias sobre Mampuján; al Bloque Vencedores de Arauca; a Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’; a Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán, entre otros, por un total de $73.581’034.500. Esto se hizo, en un 89 % con dineros del presupuesto general de la Nación, el 6.58 % con dineros entregados por los paramilitares y el restante 4.45 % con otras fuentes de financiación.

Bogotá | Colprensa