El asesinato de  Orley García, candidato a la Alcaldía de Toledo, Antioquia, por el Centro Democrático, vuelve a poner sobre la mesa el incremento del fenómeno de violencia política que está atravesando el país. La semana pasada también le quitaron la vida a la aspirante a  Alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García y a cinco personas que la acompañaban.

Orley García falleció el sábado en la noche cuando era trasladado vía aérea a Medellín para ser atendido luego de haber recibido un disparo de escopeta en la vereda Morales Toro, ubicada a 40 minutos de la cabecera municipal. Las primeras versiones indican que el atentado lo habrían ejecutado desde una la zona boscosa  de este territorio.

Las autoridades no han confirmado el origen del hecho. Sin embargo, se ha advertido que en esta subregión del Norte de Antioquia operan las disidencias de las Farc en cabeza de alias ‘Cabuyo’, el Clan del Golfo y  los Caparros, quienes buscan el control del territorio para mantener las rutas del narcotráfico.

De hecho, horas antes de que ocurriera el atentado en contra del candidato del Centro Democrático, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, había advertido que la ola de violencia política que estaba atravesando el país era un reflejo del aumento de cultivo de uso ilícito de hojas de coca que tuvo Colombia en los últimos años.

Según el mandatario, el narcotráfico es el combustible de grupos de los que hacen parte  'Márquez', 'Santrich', 'Romaña', 'el Paisa', 'Jhon 40', 'Iván Mordisco', 'el Loco Iván' y 'Mayimbú', quien supuestamente atentó contra Karina García.

La Defensoría del Pueblo ha venido alertando sobre esta situación y ha dicho que en departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño podrían seguir presentándose este tipo de hechos violentos debido al fortalecimiento de grupos armados ilegales en estas zonas para controlar los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.

La entidad ha propuesto crear un mecanismo llamado ‘la Carpa Blanca’, donde estén los actores involucrados en el ejercicio de la política como el Congreso de la República, las organizaciones indígenas como ACIN y CRIC; los alcaldes, gobernadores, Naciones Unidas, la Misión de Verificación del proceso de Paz, la Procuraduría, y la Fiscalía.

Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, no  hay duda de que lo que está sucediendo se parece a la grave situación de los años 80's y 90's cuando se exterminó la Unión Patriótica, pero con la diferencia de que ahora no se afecta a un solo partido sino a todos los que están en competencia política y representan una amenaza para grupos armados ilegales.

Según el último reporte de la MOE en promedio cada 36 horas en el país ocurre un hecho violento en contra de algún candidato a las elecciones del 27 de octubre de 2019.  Se identificó que en las últimas cinco semanas las acciones violentas se han aumentado, teniendo como blanco especial a los partidos de La U, Cambio Radical y Liberal.