La suspendida alcaldesa de Sardinata, Yamile Rangel Calderón, seguirá dando la batalla por lograr que la Corte Suprema de Justicia revoque el fallo que la condenó a cinco años y tres meses de prisión, por la celebración indebida de contratos.

Luego de que el alto tribunal no admitiera el recurso extraordinario de casación que su defensa presentó meses atrás, el abogado de la sancionada mandataria, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde junio de 2016, interpuso ahora un recurso de insistencia ante la Procuraduría General de la Nación.

Sair Contreras, apoderado de Rangel Calderón, argumentó que el propósito es que se analicen los aspectos relacionados con los derechos fundamentales que habrían sido vulnerados a la alcaldesa y se estudie nuevamente la posibilidad de considerar la demanda de casación negada, de tal forma que  se profiera un fallo de fondo.

“La esencia del desacuerdo con la máxima corporación de justicia radica en que si bien el fallo negatorio de la admisión sugiere una falla de tecnicismo en la estructura de los cargos, el mismo no realiza un ejercicio de fondo para llegar a la conclusión de la violación o no de los derechos fundamentales de la procesada, cuestión que se propone en la demanda”, manifestó Contreras en el recurso presentado la semana pasada ante el Ministerio Público.

En ese sentido, le pide al órgano de control presentar la solicitud para que la Sala Penal de la Corte revoque el auto que negó la casación y se ordene el estudio a profundidad de la demanda inadmitida.

En el recurso extraordinario de casación, el abogado de la alcaldesa elegida para el periodo 2016-2019, pedía que Yamile Rangel fuera absuelta de cualquier responsabilidad por la firma del contrato suscrito en 2011, para la construcción de 48 unidades sanitarias en el casco urbano y la zona rural de su municipio, por valor de $360 millones. 

Lo anterior, al considerar que el principio de planeación en el marco de la contratación, que le fue reprochado, tiene diferentes interpretaciones y variadas posturas a la hora de  establecer cuáles son los elementos esenciales  que se deben preservar.

Mientras se resuelve la solicitud, Sardinata seguirá bajo encargo y el eventual nuevo proceso electoral, suspendido.