Tras advertir que no ha sido notificado oficialmente de la destitución e inhabilidad por 10 años que le impuso la Procuraduría Regional y que se enteró fue por los medios de comunicación y las redes sociales, el alcalde de Puerto Santander, José Eriberto Muñoz Ruiz, aseguró que el fallo obedece a una evidente persecución política.

“Creo que es una persecución totalmente política porque aquellos que no se sienten o arrodillen ante un grupo político a negociar,  bien sea con contratos, apoyos políticos o de otra forma, seremos intimidados a través de esta Procuraduría”, denunció el gobernante.

Recordó que la decisión de declarar la urgencia manifiesta, por la cual fue sancionado, obedeció a una situación de orden público delicada,  frente a la cual  la misma Policía reconoció que no contaba con la capacidad operativa para garantizar la seguridad de los porteños.

“En el mismo consejo de seguridad  (qué convocó en aquella fecha) se solicitó que declarara la urgencia manifiesta para atender una situación que se me salía de las manos y que solo con la policía que había era difícil poder enfrentar esos actos terroristas que se estaban presentando”, dijo.

Muñoz aseguró que en el primer fallo de segunda instancia que profirió la entonces procuradora regional, Janeth Cecilia González Cabrera, en septiembre de 2014, ella reconocía la necesidad de declarar dicha urgencia ante el riego en que se encontraba el municipio y por esa razón decidió variar la sanción de destitución a una suspensión de mes y medio, por cuanto el error había estado en no informar a la Contraloría.

Falla que el propio alcalde reconoce, al admitir que los funcionarios que tenían a cargo la misión de remitir el decreto de la  urgencia manifiesta, así como los actos que la motivaron y los contratos suscritos, no cumplieron con esta tarea y él como primera autoridad debe responder por esta omisión.

“Como he revisado, esto ameritaba una amonestación verbal, hasta una suspensión de 45 días, pero no esperaba que fuera inhabilitado o destituido por 10 años. Este es un mensaje que está dando (la Procuraduría Regional) a los otros colegas, en el que dicen que ellos pueden hacer con nosotros lo que se les da la gana, inclusive, violando la misma ley”, reprochó Muñoz Ruiz.

Y aunque no quiso dar nombres, el destituido alcalde insistió en que la decisión que tomó la Regional tiene un tinte político. “Para Norte de Santander no es un secreto quién es el jefe político del señor procurador regional y a qué intereses obedecen ellos y cómo quieren obtener el apoyo en Norte de Santander”, aseguró.

Al respecto, el procurador regional, Juan Carlos Bautista, manifestó que como organismo de control, es evidente que las decisiones que se tomen, si son adversas al investigado, jamás dejarán satisfecho al sancionado. “Sin embargo, los argumentos jurídicos están expuestos en el fallo para las acciones legales que considere pertinentes”, explicó.

Ya había un fallo

Uno de los abogados del sancionado alcalde de Puerto Santander, Fernando Chávez, advirtió que a su defendido se le vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que en 2014 ya había sido proferido un fallo de segunda instancia que variaba la sanción por una suspensión de 45 días, pero este fue desconocido.

Advirtió que el proceso contra José Eriberto Muñoz Ruiz por haber decretado, al parecer, de manera indebida, la urgencia manifiesta en su municipio, ha estado envuelto en posibles irregularidades, puesto que a pesar de que la anterior procuradora regional, Janeth Cecilia González Cabrera, dejó el fallo firmado y en secretaría para que fuera notificado, una vez tomó posesión el nuevo procurador Juan Carlos Bautista, este fue devuelto a su despacho para que se estudiara nuevamente.

Actuación que en efecto sucedió y que conllevó a que se confirmara la decisión de la primera instancia que sancionó al alcalde del municipio metropolitano con la destitución e inhabilidad por 10 años.

Chávez recordó que en su momento recusaron a Bautista, puesto que contra él pesa una denuncia penal por la supuesta sustracción del fallo proferido el año pasado, la cual fue negada. Además, en septiembre de este año, fue presentada ante el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, una solicitud de cambio de radicación para que el proceso fuera conocido por un funcionario distinto, pero esta no ha sido resuelta.

En vista de estos hechos, Chávez dijo que estudian la posibilidad de acudir a dos instancias, con el fin de echar para atrás la decisión de la Procuraduría Regional: la primera de ellas es una acción de tutela, bajo el argumento de que a Muñoz Ruiz ya lo sancionaron por estos hechos y no podían volverlo a investigar.

El segundo recurso, explicó el abogado, es una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con una solicitud de medidas cautelares, por cuanto a su defendido se le está vulnerando el derecho al debido proceso.

*La Opinión