El Consejo de Estado admitió dos demandas de nulidad electoral presentadas por Diego Mauricio Rueda Cáceres, de la veeduría ciudadana VerGestión Norte de Santander: una contra la reelección del director de Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), Gregorio Angarita Lamk,  y contra la reelección de representantes de oenegés al consejo directivo de esta entidad.

Rueda Cáceres aseguró que instauró ambas demandas porque en 2019, antes de la elección de los cargos ya mencionados, Corponor no le permitió  dar a conocer una serie de irregularidades que habían detectado en este proceso.

“En la elección de los representantes de las oenegés detectamos que los candidatos no cumplían todos los requisitos exigidos. Evidenciamos que tanto Jorge Eliécer Soto Maldonado y Yair Eduardo Cuéllar Villamizar, las personas reelegidas, llevaban desde 2007 en estos mismos cargos, como si en Cúcuta no hubieran más entidades no gubernamentales que defendieran los derechos del medio ambiente”, aseguró.

El representante de VerGestión Norte de Santander resaltó, además, que Corponor no ha querido revisar un informe de gestión de 2016 que le presentó esta organización, por lo que procedió a presentar las acciones ante el Consejo de Estado.

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Respecto a la demanda de nulidad contra Angarita Lamk, el veedor aseguró que Corponor no publico oficialmente en su página web ni en otro medio el informe técnico del consejo directivo sobre la decisión de reelegir al director de la entidad.

“La delegada por el ministerio para la elección del director de Corponor era Claudia Arias pero ella no se presentó. Su puesto lo ocupó otra funcionaria y desconocemos como veeduría el acta que avale al decisión unánime de reelegir a Gregorio Angarita Lamk”, sostuvo Rueda.

El representante de VerGestión Norte de Santander resaltó además que tras la relección de Angarita en la resolución que se firmó se dejó claro que ante tal elección no prescribía ningún recurso, por lo que la veeduría recurrió al único recurso que encontró: la justicia y procedió a instaurar la demanda.

Los demandados tienen 15 días a partir de la notificación que fue el pasado 9 de febrero, para presentar las respectivas pruebas y sus argumentaaciones  ante el máximo tribunal administrativo, precisó Rueda Cáceres.