Casi cinco meses después de que comenzara a aterrizarse a la realidad el acuerdo de paz con las Farc en el Congreso, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos recibió un tatequieto que, sin duda, cambiará los planes y los tiempos del proceso de implementación que está en marcha.

Aunque varias voces oficiales y representantes de los partidos políticos han intentado restarle gravedad a la decisión que tomó la Corte Constitucional, de dejar sin piso dos apartes del mecanismo legislativo especial o ‘fast track’, uno de ellos el que impedía hacer mayores modificaciones a los proyectos presentados, lo cierto es que esta nueva determinación sí supone dificultades para sacar adelante el paquete de leyes y reformas que aún no llegan al Senado y la Cámara.

Si bien el acuerdo podrá continuar su marcha, la posibilidad de que lo que se pactó en La Habana sufra cambios importantes quedó abierta, lo cual podría traer de vuelta a la discusión al Centro Democrático (autor de la demanda contra el ‘fas track’), que se ha venido apartando de la votación de los distintos proyectos, justamente porque no se permitía mover lo acordado.

En ese sentido, para los senadores Armando Benedetti y Roy Barreras, el escenario hoy es mucho más oscuro y se pone en una situación riesgosa la aplicación de lo pactado. 

“Me parece una cosa bastante surrealista porque se llama  ‘fast track’ y es porque al votar en bloque usted permite que los  principios y los fundamentos principales se voten  en bloque con los  artículos. Votar artículo por artículo  es acabar el ‘fast track’”, dijo Benedetti.

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Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aunque reconoce las dificultades que implica lo dicho por el alto tribunal, considera que lo importante es que la Corte dejó vigente el condicional de que todas las normas que se tramiten mediante la vía rápida, deben corresponder a lo acordado en La Habana.

“Por eso, independientemente de que el aval del Gobierno no se necesite para una proposición, es evidente que ninguna proposición puede ir en contravía o modificar el acuerdo de paz como lo establece la norma constitucional”, aseguró.

Tanto Cristo, como el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, coincidieron en que lo que sigue es confiar en el compromiso que tiene el legislativo y especialmente la Unidad Nacional, con la aprobación de los acuerdos de paz, aunque este muchas veces ha quedado en entredicho, pues los propios partidos de la coalición han puesto a tambalear las iniciativas.

“El Gobierno Nacional no ve con preocupación el efecto de la sentencia, porque confiamos plenamente en que el Congreso de la República continuará el trámite de los proyectos que implementan los acuerdos de paz”, dijo Prada.

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Entre tanto, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, cree que el nuevo escenario hará un poco  más  lento el proceso de implementación y pone al Congreso con una mayor responsabilidad de disciplina “para tener la mayor fidelidad de los acuerdos, manteniendo el mismo nivel de debate y la profundidad, por supuesto, con un procedimiento más lento”.

No se altera lo aprobado

El asesor jurídico del Gobierno y rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, explicó que si bien la decisión de la Corte Constitucional podría generar traumatismos en la implementación del acuerdo de paz, esta no afecta la sustancia de lo acordado, ni de lo que ya fue aprobado por el Congreso.

“Es una decisión que en efecto no es la mejor noticia, pero no nos dejemos convencer de que es una catástrofe para el proceso de paz, como lo están diciendo algunos sectores políticos, quienes consideran que la Corte les dio la razón”, manifestó Henao.

Por su parte, el presidente de la Corte, magistrado Luis Guillermo Guerrero, aclaró que la decisión rige a futuro y que no afecta lo que ya se aprobó por la vía rápida como la Ley de Amnistía o el acto legislativo que crea el Sistema Integral de Justicia, el cual le da vida a la Jurisdicción Especial para la Paz.