Faltando pocos días para que Iván Duque se posesione como presidente de la República, aún es incierto qué va a pasar con el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la desaparecida guerrilla de las Farc. 

Desde su campaña, el mandatario electo aseguró que a su llegada a la Casa de Nariño tendría como objetivo hacer modificaciones a dicho documento y así lo ha ratificado en múltiples ocasiones tras su elección.

De hecho, el pasado miércoles, Duque visitó la Comisión de la Verdad y allí le hizo saber al padre Francisco de Roux, presidente de ese órgano, sus propuestas para mejorar los acuerdos de paz y lograr un gran pacto nacional de unidad.

“Pudimos expresar nuestras observaciones y propuestas para poder mejorar aquellas cosas que consideramos necesarias para mejorar los acuerdos de La Habana y darle al pueblo colombiano la posibilidad de un gran pacto nacional que nos permita unirnos en defensa de la legalidad, estabilización y reconciliación de nuestro país”, dijo el próximo presidente al término del encuentro.

Sin embargo, este no ha sido el único movimiento de Duque frente a lo que se pactó, después de ser elegido como jefe de Estado. 

En la etapa final de la legislatura que acaba de terminar y haciendo uso de las nuevas mayorías en el Congreso de la República, logró introducir dos artículos modificatorios a la Ley de Procedimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP), la cual fue sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, el pasado miércoles.

Por ahora, se espera que el Gobierno Nacional interponga un recurso para que la Corte Constitucional revise la validez de los artículos introducidos en la ley de procedimiento. “Esta ley tuvo mucha discusión y se incluyeron unos artículos con los que estamos en desacuerdo, pero ya será la Corte Constitucional quien decidirá la suerte de esos artículos”, dijo el presidente Santos al sancionar la norma.

Lo que quiere hacer Duque

Tal y como lo ha planteado a lo largo de los últimos meses, entre las reformas que el presidente electo estaría interesado en impulsar para ajustar el acuerdo de paz, estaría una que establezca que los exmiembros de las Farc cumplan sus condenas antes de estar en el Congreso y quitar la prioridad a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos para luchar contra el narcotráfico.

Para Jesús Emilio Carvajalino, también conocido como Andrés París, miembro del partido político FARC, el momento que atraviesa el proceso de paz es muy complejo, porque ya está confirmado que hay una política obstruccionista para que haya incumplimiento en los acuerdos por parte del Estado. “Dicha política obstruccionista se está presentando por la vía de modificación en el Congreso”, resaltó.

Según Carvajalino, se ha “desnaturalizado el acuerdo de La Habana, lo que hoy llaman acuerdo o JEP, no fue lo que se firmó y eso ha generado tropiezos de todo orden (...) Mientras que eso ocurre, por parte de los compromisos del Estado, la insurgencia se encuentra en pleno desarrollo y cumplimiento de lo firmado. Ya no somos guerrilla, no tenemos armas, estamos en ejercicio político, participamos en las elecciones”.

Lo que podría pasar si se hacen cambios

Diana Avellaneda, profesora de la Universidad Javeriana y experta en conflictos, manifiesta que no es novedoso lo que está sucediendo porque desde la campaña, tanto el Centro Democrático como Iván Duque fueron muy claros. “Ellos manifestaron que no estaban de acuerdo con lo que se pactó. El acuerdo pasa por una situación de quiebre en el sentido de que, o se fortalece o se cae”, considera.

No obstante, Carlos Velandia, gestor de paz, asegura que el país debe darle tiempo al gobierno de Duque para saber realmente qué va a pasar con el acuerdo. “Creo que debemos abrir un compás de espera de 100 días al nuevo Gobierno para ver cómo son sus apuestas e iniciativas, pero sinceramente no creo que lo vayan a tirar por la borda”, señaló.

Por su parte, Jorge Kenneth Burbano, experto en paz de la Universidad Libre, afirma que el acuerdo final de paz con las Farc es inmodificable. “Las Farc como organización guerrillera dejó de existir y por tanto lo pactado se debe respetar. Además, el acuerdo y el proceso de implementación han sido avalados por la Corte Constitucional. Por tanto, no se pueden hacer unos ajustes a ciertas normas de implementación sin desconocer los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, que hoy son normas constitucionales. Las modificaciones deben significar progresividad en los derechos humanos y no lo contrario”.

Burbano agrega que cuando se hacen propuestas que alteran los componentes esenciales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, se atenta contra el proceso de paz y se debilita el sistema de justicia transicional de naturaleza restaurativa. “Crear una sala para los militares dentro de la JEP es contrario a la Constitución. El argumento de la carga ideológica es insostenible, cuando hay más de dos mil militares que han pedido acogerse a la JEP”.

Sin embargo, a partir de este 20 de julio, el partido FARC podrá hacer oposición en el Congreso de la República y defender desde la política los acuerdos de paz de La Habana. 

Así lo ratificó el Consejo Nacional Electoral, el jueves, cuando declaró las elecciones tanto de Senado como de Cámara.

“El panorama es preocupante, pero vamos a participar con otras fuerzas políticas en el Congreso, que no están con Duque, para hacer un pacto. La participación va a ser bastante intensa, sonada”, manifestó Andrés París.