La propuesta fue respaldada por 22 representantes contra 6 que se mostraron en desacuerdo.
Actuales gobernadores y alcaldes irían hasta 2022
La posibilidad de que los gobernadores y alcaldes elegidos para el periodo 2016-2019 puedan permanecer dos años más en sus cargos, mientras se produce la unificación de los periodos con el del presidente de la República, recibió el martes su primer visto bueno en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Esta propuesta incluye también la unificación de los periodos de congresistas con los de los diputados, concejales y ediles.
Aunque este es apenas el primero de los 8 debates que deberá surtir la iniciativa para que pueda convertirse en reforma, luego del respectivo control constitucional de la Corte, la discusión volvió a quedar servida, toda vez que muchos califican esta modificación como inconstitucional.
La propuesta fue respaldada por 22 representantes contra 6 que se mostraron en desacuerdo con que se amplíe hasta el 2022 el mandato de quienes terminan su periodo el próximo año.
Según el texto de la reforma, propuesta por los partidos Cambio Radical y Conservador, la Constitución Política tendría un artículo transitorio nuevo que quedaría así:
“Los periodos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles cuya elección o designación, según sea el caso, se efectuó antes de la vigencia del presente acto legislativo, así como de los designados con posterioridad a esa fecha, continuarán sus funciones hasta el 19 de julio de 2022. Sus sucesores se elegirán en el año 2022 para el periodo constitucional que iniciará el 20 de julio de ese año”.
Y agrega que: “En todo caso, los periodos de los alcaldes y gobernadores serán coincidentes con el del presidente de la República”.
Aunque todavía no hay claridad sobre las fechas en las cuales se llevarían a cabo las elecciones, la propuesta es que los comicios para corporaciones públicas (Congreso, Asambleas, Concejos y JAL) se desarrollen el segundo domingo de marzo y los de presidente, gobernadores y alcaldes, el segundo domingo de junio.
Voces a favor y en contra
Para el representante por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, el proyecto de unificación de periodos es importante en la medida que “puede verse mejorada la participación electoral cuando se trata de elegir a un mayor número de autoridades”.
Sin embargo, integrantes de ese mismo partido, como la representante Margarita Restrepo, difirieron en que esta norma se podría prestar para legislar en favor de casos particulares.
Otro dirigente uribista, el representante Gabriel Vallejo, coincidió en que debe existir la posibilidad de coordinar los planes de desarrollo nacional “y no necesariamente se debe hacer mediante una reforma a la Constitución”.
La representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus, presentó una propuesta alternativa, que fue negada, en donde se planteaba un esquema de transición “excepcional” de cinco años y cinco meses, para lograr la unificación a partir del 2027.
La semana pasada, la Comisión ya había negado la ponencia de la representante Ángela María Robledo que pedía el archivo del proyecto, por considerar que afectaba la autonomía regional, además de ser una decisión inconstitucional.
Para poder avanzar, la iniciativa debe surtir sus cuatro primeros debates (primera vuelta) antes del 16 de diciembre, cuando comienza el receso de fin de año en el Congreso.
Inconstitucional
Consultados sobre la verdadera posibilidad que tiene el Congreso de alterar los actuales periodos de gobierno en los territorios, para poder unificarlos con los nacionales, exmagistrados de la Corte Constitucional coincidieron en que esto no es viable.
Alfredo Beltrán Sierra explicó que si bien el Legislativo puede reformar la Constitución, lo que no puede es desconocer “la norma en virtud de la cual se les dio un mandato a los gobernadores y alcaldes, por medio de un voto programático y para determinado periodo”.
“Pienso que eso tendría muy serias dificultades para aprobarse por la Corte Constitucional”, dijo.
El expresidente de la Corte, José Gregorio Hernández, también consideró que permitir la ampliación, “sustituye la Constitución, porque consagra la posibilidad de que el Congreso, sin competencia y sin pasar por el pueblo, elija directamente y por vía general”, a los servidores.
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