Uno de los compromisos de la desaparecida guerrilla de las Farc en el acuerdo de paz suscrito con el Gobierno, en Cuba, fue entregar el listado completo de los bienes que acumularon durante sus más de cinco décadas de trayectoria insurgente, con el propósito de reparar a las víctimas que dejó su accionar.

Aunque hace un año, los exintegrantes de la agrupación armada entregaron la relación de propiedades, inmuebles, medios de transporte, ganado, caletas, dinero en efectivo, oro y hasta carreteras, con las que decían contar, y cuyo valor estaba estimado en  $963.000 millones, para la Fiscalía General de la Nación, las cuentas son otras, completamente diferentes.

Este viernes, en Cúcuta, y por primera vez, el jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez, entregó la cifra consolidada de los bienes incautados a las Farc en los últimos años y aseguró que en total son 7.369 propiedades que suman 2 billones 489.000 millones de pesos.

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Si bien el fiscal no precisó si en estas sumas se incluyen algunos de los elementos que fueron relacionados en  la lista entregada por los exintegrantes de las Farc, a comienzos de este año, la directora especializada de extinción de dominio de la Fiscalía había anunciado el decomiso, con fines de extinción, de propiedades por el orden de los $1,13 billones pertenecientes a la otrora guerrilla más antigua del país y del continente.

“Ninguno de esos bienes decomisados hacen parte del listado que las Farc entregaron al Gobierno para hacer su tránsito a la vida civil”, reportó la funcionaria en aquel entonces.

Detrás del Eln y los ‘paras’

Durante la inauguración del nuevo búnker de la Fiscalía de Cúcuta y ante el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal general anunció también que esa entidad ya empezó las incautaciones al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

En ese sentido, Martínez señaló que entre los primeros resultados se cuentan una serie de empresas en el Valle del Cauca, sin precisar más detalles.

El fiscal general anunció, igualmente, que se ha determinado ir tras los bienes y patrimonios de muchos excomandantes paramilitares, quienes a pesar de haberse acogido a la Ley de Justicia y Paz no entregaron nada que sirviera para reparar a sus víctimas.

“La Ley 975, que permitió el sometimiento de los paramilitares a la justicia, no puede convertirse en un sistema de lavado de activos. A los paramilitares no se les tocó el bolsillo, no se le extinguieron sus bienes y por eso nos hemos dado a la tarea de priorizar para este  semestre la extinción de varios bienes de los líderes y capos de las autodefensas”, manifestó el jefe del ente acusador.

Néstor Humberto Martínez anticipó que irán por todas las regiones y zonas en las que esa organización criminal se asentó y afectó a muchos colombianos, en busca de las propiedades, patrimonios, fincas y predios rurales de los que se hicieron acreedores a sangre y fuego.

En abril de 2017, la Contraloría General de la República reveló un estudio en el que daba cuenta que, de los $79.746 millones en indemnizaciones ordenadas en favor de las víctimas de los paras, el 90% ha sido sufragado con recursos del Presupuesto General de la Nación y solo el 6% con bienes aportados por los postulados a Justicia y Paz.

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Entre tanto, de las 439.517 hectáreas de tierras con solicitud de restitución, apenas se han entregado, por parte de los desmovilizados, 612.

Más de dos mil judicializados por corrupción

En la especie de rendición de cuentas que le entregó ayer, en Cúcuta, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al saliente presidente Juan Manuel Santos, el funcionario informó que en los dos años que lleva al frente de la administración del ente investigador, 2.122 personas han sido judicializadas por casos de corrupción.

De esta cifra, 698 eran funcionarios, 514 exfuncionarios, y 856 particulares. Martínez lamentó que 172 de los capturados estaban vinculados al sector justicia.

Así mismo, el fiscal destacó los resultados de la aplicación ‘A denunciar’, “la línea interactiva virtual más importante en América Latina”, que en un año ha permitido que un 13% de las noticias criminales de todo el país se produzcan desde un computador o un teléfono inteligente.

En Cúcuta, el 42% de las denuncias en materia de hurto se hacen  de manera virtual.