Si bien la percepción es que las pasadas elecciones al Congreso de la República fueron mucho más austeras que en años anteriores y las excesivas sumas de dinero invertidas para promocionar las distintas aspiraciones no estuvieron presentes, el consolidado final de la rendición de cuentas indica que el gasto total para esa contienda electoral fue de $251.859’680.455.

Solo en Norte de Santander, los cuatro senadores y cinco representantes a la Cámara elegidos para el periodo 2018-2022 destinaron un poco más de $3.585 millones en los tres meses que se prolongó la campaña. 

Según los informes que se reportaron por parte de los candidatos en el aplicativo Cuentas Claras, el 45,57% de los dineros invertidos llegaron provenientes de contribuciones, donaciones y créditos de personas naturales y jurídicas.

Otro 36,82% surgió de los créditos y aportes de los mismos aspirantes al Congreso  y apenas un 6,18% acudió a los anticipos que ofrece el Estado para financiar las campañas.

Para Transparencia por Colombia, estas cifras deben generar una alerta en estos momentos que se empieza a hablar nuevamente de la necesidad de una Reforma Política y Electoral, toda vez que el contraste entre los aportes personales y privados, con lo que se usó de financiación estatal, podría implicar que hay una falta de equidad y transparencia.

“En la financiación política en Colombia falta equidad y transparencia. Es necesaria más independencia de recursos privados y fortalecer controles y sanciones. Financiar con fuentes preponderantemente públicas es un principio constitucional que a la fecha no ha podido materializarse”, consideró la ONG en un informe.

En este advierten que los cerca de $252.000 millones invertidos por los casi 3.000 candidatos que hubo para las elecciones del 11 de marzo es una cifra sumamente alta, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el presupuesto destinado para la totalidad del Programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias de la Agencia para la Renovación del Territorio, el cual incluye desarrollo de vías terciarias y proyectos sociales en educación, deporte y salud, vale apenas la mitad y aun así los presupuestos del Estado se quedan cortos para poder cumplir.

Las presidenciales

En el caso de las elecciones presidenciales, el reporte que se tiene para la primera y segunda vuelta, es que el gasto de los candidatos estuvo por el orden de los $112.424 millones.

De estos dineros, apenas un 21,40% fueron anticipos estatales para la primera vuelta, el resto tuvo otras fuentes de ingreso.

Recomendaciones de transparencia

Al analizar estas cifras y teniendo en cuenta que ya hay un proyecto de ley que radicó el Gobierno Nacional para reformar el sistema político y electoral colombiano, Transparencia por Colombia consideró que es necesario tener en cuenta varias consideraciones para poder subsanar los problemas que se siguen presentando en las contiendas democráticas.

Una de las primeras sugerencias es que es imperativo cambiar los procedimientos para que las campañas accedan a los recursos estatales oportunamente, asegurando criterios de equidad.

“La probabilidad de llegar al poder es directamente proporcional a la inversión en la campaña, y no es solo la necesidad de recursos sino la forma en que se obtienen”, plantea la ONG.

Para la corporación, también es urgente mejorar el proceso de aplicación oportuna y efectiva de las sanciones por la financiación irregular de las campañas o por el incumplimiento con la rendición de cuentas.

Para las elecciones de marzo, el 90,6% de los candidatos inscritos al Senado rindió cuentas y un 91,3% para  Cámara, a pesar de que esto es una obligación legal.

“Es prioritario fortalecer los mecanismos de investigación y sanción del CNE para que cumpla con su misión, asegurando la independencia de sus magistrados frente a los congresistas y organizaciones políticas”.

Transparencia también cree que existen otras entidades que deben ejercer y apoyar estas funciones electorales, como la DIAN en la revisión de las declaraciones de renta, la UIAF en la investigación sobre recursos ilícitos y lavado de activos y la Fiscalía en los procesos de investigación y sanciones penales por delitos en la financiación.