El 2017 apenas completa una semana y ya comienza a producir cefalea en diferentes sectores políticos por cuenta de la intención de revocatoria del mandato a casi una docena de alcaldes, la de un gobernador y hasta la del mismísimo presidente de la República.

Y es que los opositores de los mandatarios afectados, seguramente, estaban contando los minutos y segundos no para festejar el Año Nuevo, sino para inscribir ante la Registraduría Nacional los comités promotores que exige la ley para iniciar ese proceso.

Solamente uno de esos comités, el que pretende reformar la Constitución Nacional para revocar al Jefe de Estado, radicó su solicitud el pasado 20 de diciembre, pero solo recibió el aval de la Registraduría apenas esta semana.

Para ello, el comité ‘Referendo por un País Mejor’ cumplió con los requisitos que exige la ley, por ello el organismo electoral autorizó a su vocera, la ciudadana Gladys Sánchez Castro, a que inicie la recolección de firmas, cerca de dos millones y medio que deben ser verificadas legalmente.

En los demás casos, la Registraduría inscribe formalmente los comités promotores y les da los formularios oficiales para recaudar, en máximo seis meses, el 30% de los votos con los que fue elegido el funcionario que buscan revocar.

Previa verificación de las firmas, la Registraduría programa el día de la elección revocatoria en la que debe participar el 40% de los votantes habilitados, y ganará la opción que alcance la mitad más uno.

Hasta el momento se sabe de los siguientes procesos de revocatoria: los alcaldes de Bogotá, Enrique Peñalosa; de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez; Cartagena, Manuel Vicente Duque;  Pereira, Juan Pablo Gallo; Neiva, Rodrigo Lara Sánchez; Barrancabermeja, Darío Echeverri Serrano, El Socorro (Santander), Alfonso Lineros Rodríguez, y de San Benito Abad (Sucre), Agustín Francisco Villarreal González, además del gobernador del Quindío, Sacerdote Carlos Eduardo Osorio.

Eso, sin contar con que por diferentes motivos en las próximas semanas se celebrarán elecciones atípicas para las alcaldías de Fresno (Tolima); Cereté (Córdoba) y San Ángel (Magdalena).

En todos los casos, quienes promueven la revocatoria de su respectivo alcalde o gobernador argumentan “incumplimiento del programa de Gobierno” y dicen que lo hacen “sin ningún respaldo político”, pero es sabido que detrás de cada comité está la dirigencia política regional.

Por citar un par de ejemplos: el petrismo está detrás de la revocatoria de Peñalosa, en Bogotá; Cambio Radical lo hace con el mandatario de Bucaramanga; la excongresista Yidis Medina busca sacar al mandatario de Barrancabermeja, o el Centro Democrático en Pereira.

¿Esta vez sí será?

Desde que la figura de la revocatoria del mandato a alcaldes y gobernadores fue incorporada a la Constitución de 1991, se han hecho 166 intentos -165 para burgomaestres y uno por mandatario seccional- pero de ellos solo 50 llegaron a las urnas y 116 no han superado la etapa de recolección de firmas. De cualquier modo, ningún funcionario elegido por votación popular ha sido revocado.

La revocatoria del mandato, uno de los mecanismos de participación ciudadana, estaba regido por la Ley 134 de 1994 que establecía unos porcentajes mayores, pero ante tanto fracaso, que para muchos significa pérdida de dinero público en esas elecciones, fue reformada por la Ley 1757 de 2015 que establece nuevos requisitos, un poco más flexibles.

Lo primero es inscribir ante la Registraduría un comité promotor, el cual tienen que recoger, en máximo seis meses; prorrogables hasta por otros tres, el número de firmas que corresponda al 30 por ciento “de los votos obtenidos por el elegido”. Antes era del 40 por ciento.

Las firmas son revisadas por la Registraduría y si son validadas se convoca a elecciones dentro de los seis meses siguientes. En esos comicios tiene que participar el 40 por ciento “de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”. La anterior ley establecía el 60 %.

De lograrse esa participación, ganará la opción que obtenga “la mitad más uno de los votos ciudadanos”. Y si al alcalde o gobernador revocado le resta año y medio o menos para terminar el mandato, será encargado un reemplazo, pero si le falta un día más tendrá que convocarse a nuevas elecciones.

En el caso de Bogotá, fuentes de la Registraduría estiman que convocar la revocatoria costará $45 mil millones, y si prospera esta opción habría que convocar a nuevas elecciones para elegir un nuevo alcalde, lo que supone otros $45.000 millones. Es decir, este juego democrático terminaría costando $90.000 millones.

Claro, aunque los requisitos ahora son más flexibles, no implica que sea fácil: En Bogotá, Peñalosa ganó con 906.058 votos, y el 30% de firmas para convocar la revocatoria son 271.818. Para que gane la revocatoria debe participar el 40% de quienes participaron en esas elecciones (2.730. 572 votos válidos) es decir se necesita que salga a votar 1,1 millones de bogotanos y que la mitad más uno quiera sacar al alcalde.

Elecciones de 2018 están encima

Analistas consultados por COLPRENSA consideran que el momento político que vive el país está estimulando esta ‘cascada’ de solicitudes de revocatoria de alcaldes y gobernadores.

No obstante, “es prematuro hablar de revocatoria”, al decir del catedrático Juan Manuel Charry, pues lo afectados apenas llevan un año en el cargo, aunque dice que jurídicamente es válido tramitarla.

“Muchos movimientos políticos de oposición están acudiendo a ese mecanismo para empezar a posicionarse en el espectro de cara a las elecciones de 2018, pues saben que tendrán que el partido político de las Farc estará en el escenario”, dice el experto.

No obstante, Charry señala que en el caso del referendo para revocar al presidente de la República “es equivocado” porque primero debe tramitarse una reforma constitucional pues para el Jefe de Estado no aplica la  revocatoria “y menos mediante referendo”.

Del mismo criterio es el profesor Pedro Medellín Torres, quien no le ve futuro al tema de la revocatoria presidencial, pero advierte que si ocurriera una sorpresa como la del plebiscito del 2 de octubre pasado, es decir, si se aprobara reformar la Constitución mediante referendo para sacar el primer mandatario, “sería un golpe político muy duro para el Gobierno”.

Los dos expertos no descartan que algunos procesos de revocatoria pudieran prosperar en esta oportunidad, aunque los ven inconvenientes pues dicen que “un año es muy poco tiempo para que un alcalde o gobernador pueda mostrar resultados”.

Con todo, agregan que hay que tener en cuenta lo que vale convocar a elecciones de revocatoria, y si éstas prosperan volver a convocar a comicios para elegir nuevos dignatarios. Pero ese es el costo de la democracia.