En un oficio de siete páginas, la Procuraduría General de la Nación exhortó al Gobierno Nacional a promover mecanismos para garantizar la seguridad de los excombatientes de las Farc que están en proceso de reincorporación a la vida social y política.

“Es necesario que el Estado garantice la implementación articulada de medidas de prevención y protección que permitan mitigar riesgos y vulnerabilidades contra la población en proceso de reincorporación, a través del desarrollo de acciones enfocadas a contrarrestar las organizaciones criminales responsables de atentar en su contra”, dice el documento.

Según el último informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU, el número de exintegrantes de las Farc que se acogió al proceso de paz asesinados llega ya a 173, a los que se suman 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio. Solo en 2019 fueron asesinados 77 excombatientes, entre los que se cuenta Dimar Torres, en Convención.

En ese sentido, la carta firmada por el procurador Fernando Carrillo señala que la delegada para el Ministerio Público de Asuntos Penales puede constituir agencias especiales en las que, bajo medidas objetivas, se determine que los asesinatos a excombatientes han causado un impacto en la colectividad.

El procurador también instó a los servidores públicos para que en el marco de sus funciones, garanticen las actividades que deben desarrollar los excombatientes en los distintos escenarios en los que se desenvuelven.

“En consecuencia, los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que estigmaticen, instiguen o inciten al hostigamiento a los exmiembros de las Farc”, señala el oficio.

El Ministerio Público llama, igualmente, a los procuradores delegados a intervenir frente a amenazas, tentativas de homicidio, desapariciones y homicidios contra la población excombatiente.

Como parte de las medidas que se sugiere implementar, Carrillo le solicitó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior que cuando emitan informes o alertas tempranas que incluyan amenazas o vulneraciones de derechos humanos, remitan copia a la Procuraduría.

Agilizar análisis de riesgos

En materia de seguridad, la Procuraduría General de la Nación le recomendó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) agilizar los tiempos de evaluación de riesgo, pues esto se verá reflejado en una respuesta inmediata de protección para la población exFarc.

Además de esto, la UNP deberá presentar al Ministerio Público un informe donde dé cuenta del número de solicitudes recibidas, las tramitadas, las medidas aprobadas y las implementadas. “La información deberá estar discriminada por departamentos y municipios, así como si se trata de excombatientes, integrantes del partido político o de un familiar”, señala la carta de la Procuraduría.

Además de ello, la entidad de protección tendrá que garantizar un enfoque de género en su actuar, incluyendo medidas de protección diferenciada que atiendan los riesgos a los que se enfrentan las mujeres

Otras acciones

Dentro de las 15 medidas que se plantean por parte de la Procuraduría, para frenar la ola de asesinatos de los exintegrantes de las Farc, también le piden a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz garantizar la articulación, implementación y funcionamiento de los planes y programas enfocados a mitigar las vulneraciones a las que están expuestos los reincorporados.

Así mismo, insisten en que es necesario diseñar, en el menor tiempo posible, una política pública y criminal, para que se puedan desmantelar las organizaciones que son responsables de las muertes de los excombatientes.

Otras de las recomendaciones que se hacen son:

-Adoptar un plan estratégico que contrarreste la estigmatización de la población exFarc.
-Adoptar una estrategia de seguridad para la protección y control de riesgos en las zonas donde se encuentran los excombatientes.
-Implementar la operación de un Centro Integrado de Información, que tendrá como fin articular información de inteligencia y generar mecanismos de apoyo.
-Los alcaldes y gobernadores deberán tener en cuenta a los exguerrilleros en los Planes Integrales de Prevención..