Andrés González | andres.gonzalez@laopinion.com.co

Cristo habló con La Opinión y entregó un balance de algunos de los proyectos más importantes que el Gobierno Nacional está ejecutando en esta zona de frontera.

Con una visión del posconflicto, Cúcuta y Norte de Santander han recibido proyectos del Gobierno Nacional, como las cámaras de vigilancia, que fortalecerán la seguridad ciudadana. Explíquenos algunos de esos proyectos.

El Gobierno, en el ministerio del Interior, tiene una estrategia de seguridad y convivencia para el posconflicto. Por un lado, en los centros urbanos más importantes del país, queremos concentrar la acción en el fortalecimiento de los instrumentos para que nuestra Policía Nacional pueda combatir con mayor éxito la delincuencia ciudadana. Las cámaras de seguridad han demostrado ser un instrumento muy eficaz. Por eso, dentro de la estrategia de seguridad, escogimos cinco ciudades como modelo, para llegar a cobertura plena en cámaras de seguridad. Esas ciudades son Cali, Valledupar, Riohacha, Pasto y Cúcuta.

Al comenzar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, Cúcuta no tenía una sola cámara digital de seguridad. En la mitad del primer mandato se instalaron 55 cámaras y vamos a pasar a 377 con una inversión de casi 10 mil millones de pesos, cofinanciada por el municipio de Cúcuta, y que va a permitir que la Policía tenga cubiertos todos los puntos críticos de la ciudad. Esperamos entregarlas antes de terminar este año.

¿Qué son los Centros de Integración Ciudadana?

En la estrategia de convivencia tenemos los Centros de Integración Ciudadana, que son sitios de encuentro de la ciudadanía, y que queremos concentrarlos en municipios de categoría 6, es decir, los municipios con alta concentración de víctimas, para que hayan cursos y procesos de reparación colectiva. Por eso quiero invitar a los alcaldes de Norte de Santander a que presenten sus proyectos de Centros de Integración Ciudadana. Ya hemos aprobado algunos, pero necesitamos que presenten más, para que en cada municipio pequeño podamos tener al terminar el mandato del presidente Santos estos sitios, que son centros de convivencia, de paz y reconciliación en los municipios históricamente afectados por el conflicto.

Usted anunció una buena noticia: la construcción de un edificio óptimo para la Fiscalía en Cúcuta, ¿Puede ahondar en esta propuesta?

La Fiscalía adquirió un lote hace 20 años detrás del Palacio de Justicia para construir su sede central. Hoy en día los funcionarios laboran en condiciones bastantes precarias, en ocho sedes distintas, dispersas por la ciudad. No se presta un buen servicio al ciudadano, no hay condiciones dignas para el funcionario, no hay condiciones de seguridad: es un desorden total. Llevamos 20 años esperando esa sede y la Fiscalía General no ha tenido los recursos para hacerla.

Lo que conversamos con el fiscal general de la Nación es tomar el lote, los estudios y diseños que hay de ese terreno para actualizarlos y garantizar de aquí al 2018 los recursos necesarios.

El proyecto ya está definido, se van a contratar los estudios y diseños este año y a través de Fonsecon y la Fiscalía vamos a aportar los recursos para entregarles a los más de 500 empleados de la Fiscalía y a la ciudad de Cúcuta una sede con todas las de la ley, una sede digna, donde se pueda concentrar toda la tarea de la Fiscalía General de la Nación. Es una inversión de más de 62 mil millones de pesos, de los cuales el ministerio del Interior aportará 49 mil millones, y la Fiscalía el lote y 13 mil millones de pesos, con lo cual esperamos entregar una obra de envergadura en esa materia.

¿Cuál es la importancia del Acueducto Metropolitano para Cúcuta?

Creo que el proyecto avanza por muy buen camino. Esperamos terminar los estudios y la ingeniería de detalle. Han dicho los constructores que antes de junio o julio se hará la licitación por parte de Ecopetrol para empezar a construir el Acueducto Metropolitano de Cúcuta, que debe estar terminado antes de culminar el mandato del presidente Juan Manuel Santos. Es una inversión de 342 mil millones de pesos. De esa inversión, 180 mil millones de pesos aporta Ecopetrol; 100 mil millones la Nación y 62 mil millones de pesos de regalías del departamento, orientadas por el gobernador Edgar Díaz, quien ha sido un gran líder de este proyecto y está comprometido.

Ese proyecto va a permitir solucionar el suministro de agua potable para Cúcuta y el área metropolitana en los próximos 50 años. Se brindará ese suministro a través de dos fuentes: el río Pamplonita y el río Zulia. Además, se podrá expandir la ciudad y el área metropolitana.

Creo que es el proyecto más importante para Cúcuta en los últimos 20 o 30 años, que va a significar una transformación impactante de la ciudad y que además, deja abierta la posibilidad de que si más adelante hay inversionistas interesados en construir la represa del Cínera se pueda hacer.

La semana pasada se cerró un nuevo ciclo en la Mesa de Acuerdo del Catatumbo, ¿Qué balance dejó?

El más importante, que hay un ánimo constructivo, un diálogo muy franco, muy abierto; dividiría el balance en dos: hay un cumplimiento muy importante del Gobierno en los acuerdos de confianza con las comunidades campesinas del Catatumbo.

El gobernador Edgar Díaz asignó los 3.800 millones de pesos para los estudios de lo que se denomina el Anillo Vial de la Paz, que son los anillos que comunican internamente a través de vías terciarias a los distintos municipios del Catatumbo. Hay unos recursos por más de 7 mil millones de pesos para proyectos productivos del Incoder para más de 700 familias, los acuerdos que se hicieron con las 400 familias cultivadoras de coca se está cumpliendo por parte del DPS; Invías anunció un aporte inicial de 5 mil millones de pesos además de los estudios para comenzar la construcción del anillo vial interno; en materia de acueducto y alcantarillado, avanzamos en acueductos rurales; antes de terminar este año vamos a tener el 92 por ciento del Catatumbo con electrificación rural, con una inversión de más de 75 mil millones de pesos. Creo que se avanza de manera muy importante en materia de inversión social y de infraestructura en la zona.

Hay pendientes dos temas que generan mucho debate en la mesa, sobre los cuales no hemos llegado a un acuerdo pero, estoy seguro de que explorando alternativas y con un diálogo permanente vamos a seguir avanzando: la Zona de Reserva Campesina (ZRC) y el modelo de sustitución social de los cultivos ilícitos, al cual tenemos que poner la mayor atención, porque al Gobierno le preocupa que están creciendo los cultivos de coca en el Catatumbo de manera desmesurada.

En la ZRC se ha hablado de no violar los derechos de la población Barí, ¿Qué garantías le da el Gobierno a la comunidad indígena de que no se van a tocar sus territorios ancestros en ese sector del Catatumbo?

Esos son los estudios que tiene que hacer el ministerio de Agricultura y el Incoder. Para tomar cualquier decisión hay que tener en cuenta la ley segunda de las reservas forestales y la Ley 160 de Zonas de Reserva Campesina; también hay que tener en cuenta los territorios indígenas, que no se vayan a afectar los derechos de esas poblaciones. Ahí en el Catatumbo hay una confluencia interétnica de población indígena, mestiza, de afros, que obviamente debe tener un tratamiento de respeto a sus territorios, y por eso el Gobierno Nacional sigue evaluando alternativas y mantiene bajo estudio ese esquema de la ZRC.

¿Cómo avanzan los proyectos en las vías del departamento?

Se está trabajando el mejoramiento de la vía Cúcuta-Ocaña, que es evidente, especialmente, en el tramo El Zulia- Sardinata. Hay una inversión de más de 90 mil millones de pesos, muy importante para la región.

Se está trabajando en los viaductos; se firmó la ampliación del tramo de la Ruta del Sol, que va a permitir la conexión de Ocaña y por ende de Norte de Santander, con el puerto en el río Magdalena, con una inversión de 1.2 billones de pesos; avanzan los mejoramientos de la vía Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga, de manera muy importante y se está trabajando con Planeación Nacional y el gobernador del departamento, para sacar adelante un contrato-plan en materia de infraestructura entre el departamento y la Nación, que permita asegurar los recursos para terminar estas vías y comenzar la construcción de la vía Cúcuta-Tibú-El Tarra-Convención-La Mata, que la prefiero llamar la Vía de la Paz. Esta vía, que atraviesa el Catatumbo, es una obra fundamental para la región, porque el futuro productivo de Norte de Santander, en materia agropecuaria y de minerales, está en esa zona del Catatumbo y este será un eje esencial para el país y la comunidad internacional en términos del posconflicto que va a vivir Colombia.

Hay un plan piloto de desminado tras un acuerdo del Gobierno y las Farc en el proceso de paz. Norte de Santander es afectado por las minas antipersonal, ¿Cuándo podría llegar el desminado a la región?

Ojalá llegué pronto. Eso lo acuerdan allá en la mesa los negociadores en La Habana. Tomaron una decisión, tendrán sus razones estratégicas y técnicas para comenzar por Antioquia y Meta, pero ojalá en el menor tiempo posible lleguen aquí, especialmente al Catatumbo, en donde no hemos podido avanzar en la restitución de tierras para los desplazados por la violencia, porque son tierras que están invadidas de minas antipersonales.