Gilberto Toro, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, aseguró que la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, sobre la preparación de un proyecto para eliminar las restricciones de la Ley de Garantías, es importante para el desarrollo de las regiones.

Toro indicó que los congresistas que se oponen a esta “excelente” propuesta se apoyan en argumentos de intereses personales relacionados con las elecciones regionales que se avecinan, y justificó que estos no están pensando en el bienestar de los colombianos, ni en el desarrollo social de los municipios.

“Tenemos que pensar en la gente, no en los intereses para las próximas elecciones. Además, debemos partir que la base de la transparencia se fundamenta en las personas, no en las normas”, puntualizó.

En este sentido, explicó que este proyecto contribuirá a resolver los problemas regionales de manera más rápida y directa, porque los trámites que existen en la actualidad, terminan favoreciendo al sector financiero y perjudicando la construcción de obras sociales.

“Quienes respaldamos la iniciativa pensamos en la gente pobre que durante más de dos años han visto paralizada la administración municipal, cómo los recursos están en los bancos sin uso, porque las leyes de garantías han impedido los convenios respectivos”, comentó.

En cuanto a la creación de órganos para vigilar el uso de los recursos regionales, aseguró que ya existen la Procuraduría, la Personería y la Contraloría, entre otras, que ejercen esta función, y lo que se debe pensar es en dejar de impedir que los mandatarios hagan una gestión eficiente y ágil durante su respectivo gobierno.

Agregó que el Sistema General de Participaciones ya contempla revisiones periódicas, pero “lo que queremos es que la reforma brinde la autonomía de la que habla la Constitución, y que los recursos sean destinados a la inversión social de cada municipio, para garantizar el desarrollo local”.

Solicitó al Gobierno resaltar la importancia de los recursos para garantizar que la paz sea sostenible.

“El Gobierno debe ser consciente de que son varias las demandas de los que dejarán las armas, y por ello los mandatarios locales deben tener las herramientas para resolverlas”, explicó Toro, al tiempo de recomendar la planificación de los recursos.