La Fiscalía le imputó cargos por los delitos de prevaricato y peculado por apropiación a la exalcaldesa de Cúcuta María Eugenia Riascos y al exsecretario de Hacienda municipal, Martín Ricardo Rincón Uscátegui, así como al abogado Álvaro Araque Chiquillo, imponiéndoles medida de aseguramiento consistente en la prohibición de salir del país mientras  avanza el proceso en su contra.

Según el ente investigador, los procesados deberán responder por un reajuste pensional pagado a trabajadores del municipio, con dineros públicos, que no habría sido procedente, y que estaría cercano a los $5.000 millones, señalaron a La Opinión fuentes conocedoras del caso.

En la audiencia de formulación de imputación, celebrada el lunes ante el Juzgado Noveno Penal Municipal, con función de control de garantías ambulante, la Fiscalía, de la unidad de administración pública, puso en conocimiento a los imputados de la existencia de los cargos en su contra con el fin de que puedan activar su derecho a la defensa.

Antes de tres meses deberá programarse la audiencia para la formulación de la acusación preparatoria al juicio oral y público.

En el prevaricato por omisión concurre el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones. Mientras que en el peculado por apropiación concurre el servidor público (o particular, en este caso el abogado) que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado.

El Juzgado dispuso además que los imputados deban presentarse cada mes ante el Centro de Servicios Judiciales en el Palacio de Justicia de Cúcuta para acreditar su permanencia en la ciudad y disposición al proceso que hasta ahora inicia.

María Eugenia Riascos, natural de Armenia, fue policía, es abogada y política. Fue Coordinadora del Sisben (sistema de salud y de subsidio del Gobierno Nacional) durante la administración de Ramiro Suárez Corzo.

Fue elegida el 28 de octubre de 2007 como alcaldesa de Cúcuta para el período 2008-2011.

Martín Ricardo Rincón ha sido mencionado en otros procesos adelantados por la Contraloría por presuntas irregularidades durante su desempeño en cargos públicos. También  ejerció como secretario de Tránsito municipal.