Medellín | Colprensa

El plan piloto para eliminar la amenaza de artefactos explosivos instalados por las Farc, en el que algunos guerrilleros a quienes se les suspenderá órdenes de captura, cooperarán con los militares bajo la coordinación de una ong noruega comenzará en municipios de Antioquia y Meta.

Se trata de los dos departamentos más minados y con mayor cantidad de víctimas: Antioquia que registra 2.465 y Meta 1.112, de un total de 11.072 en todo el país.

Así lo ratificaron las delegaciones al anunciar desde Cuba que este desminado comenzará en “tres puntos por definir” en el próximo ciclo de conversaciones, cuando se conformen tres grupos técnicos integrados por delegados del Gobierno, las Farc y Ayuda Popular Noruega.

Entre estos estará el general (r) Óscar Naranjo y Rafael Colón, director de la Dirección para la Acción Integral Contra Minas Antipersonal y por la guerrilla, alias “Carlos Antonio Lozada”.

En Antioquia, los municipios más afectados y a la vez más opcionados para este primer desminado son Briceño, Ituango, Tarazá y Cáceres.

Para el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, el anuncio desde Cuba es positivo para una región tan afectada. “Es una paradoja que estemos contentos de ser los primeros, porque significa que somos los campeones de la barbarie y por eso hay que empezar ya”.

Las dificultades

Pero el ciclo que terminó ayer en La Habana también deja dificultades que anticipan una compleja discusión sobre los temas de justicia transicional y fin del conflicto.

El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, reiteró que si se llega al acuerdo de fin del conflicto no pueden terminar guerrilleros en el Congreso y militares en la cárcel. Así como tiene que haber reglas claras y seguridad jurídica para las Farc, también tenemos que garantizar la de los miembros de las Fuerzas Militares”.

Pero los insurgentes mantienen su rechazo al Marco Jurídico para la Paz. Y para rematar, a raíz de los recientes escándalos de las Cortes, el jefe guerrillero alias “Iván Marquéz” aseguró que “no aceptamos sentencias sobre paz moduladas desde una Corte Constitucional”, que calificó de “amañada y con precio”.