Ante la Fiscalía y la Procuraduría fue denunciado el procurador regional de Norte de Santander, Juan Carlos Bautista, porque no suspendió al alcalde de Puerto Santander, José Eriberto Muñoz Ruiz.

Con fecha 10 de septiembre de 2014, la anterior procuradora Janeth Cecilia González Cabrera emitió un fallo en el que suspende por 45 días a Muñoz Ruiz.

La veeduría ciudadana Cúcuta Ciudad Verde pidió investigar a Bautista por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión, falsedad documental y fraude procesal.

El abogado Omar Javier García, presidente de la veeduría, dijo que conoció la situación porque a su oficina le llegó un sobre de manila con la sanción contra el alcalde porteño.

“Acto seguido averigüé que la suspensión no se había materializado”, añadió el vocero de la entidad denunciante que solicitó suspender del cargo al procurador regional y ordenar su captura.

Las peticiones al Ministerio Público y a la Fiscalía las hizo la veeduría porque hay pruebas documentales sobre la “existencia de un acto administrativo exteriorizado por la Procuraduría, que hoy se desconoce su paradero”.

El caso del puerto

Resulta que en febrero de 2013 el alcalde Muñoz Ruiz utilizó la figura de la urgencia manifiesta para comprar cinco motocicletas para la estación de Policía de Puerto Santander.

Por esa actuación lo denunciaron y la Procuraduría Provincial de Cúcuta le aplicó, en primera instancia, el severo castigo de destitución e inhabilidad de diez años para ejercer cargos públicos, por violar la Ley de Contratación.

La sentencia fue apelada y le correspondió a la Procuraduría Regional de Norte de Santander, que en su momento ocupaba Janeth Cecilia González Cabrera, tomar la decisión de segunda instancia.

Ahí fue cuando la funcionaria varió la sanción de la destitución e inhabilidad, por la de una suspensión de un mes y medio, que según la veeduría Cúcuta Ciudad Verde, no se ha cumplido.

El proceso sigue

El procurador regional Juan Carlos Bautista al referirse a las denuncias en su contra dijo: “todo esto apunta a amedrentarnos y, la verdad, no lo van a conseguir”.

Se supo que la acción contra el alcalde porteño, por la compra de las motocicletas de nuevo está en la Procuraduría Provincial de Cúcuta, donde ayer estaba citada una audiencia.

Dicha actuación se fundamenta en la respuesta a una consulta que Bautista hizo al procurador auxiliar para asuntos disciplinarios, Carlos Enrique Valdivieso, quien en dos párrafos le contestó.

“Pregunta usted si es posible de su parte modificar un fallo de segunda instancia suscrito por la anterior procuradora regional, si el mismo aún no se ha exteriorizado y se encuentra en su despacho y en ningún momento se dio trámite alguno para notificarlo”.

“Si en un documento que puede constituir un acto administrativo que es firmado, no se realizan los actos positivos que indiquen que el competente ya tiene el objetivo de que salga de la etapa de valoración para que adquiera firmeza, por mantenerse al interior de su despacho, no puede considerarse como un acto existente y mucho menos válido o eficaz, por lo cual es posible que se presenten variaciones en su voluntad, que modifiquen o cambien el sentido de su declaración”.

El mismo documento consigna lo indicado en el artículo 119 de la Ley 734 de 2002 que indica que los fallos de segunda instancia quedan en firme en el momento en que el funcionario que emite la providencia, la firma.