De acuerdo con la Federación Nacional de Concejos, solo en 2013 fueron asesinados 11 concejales y más de 5.300 recibieron amenazas. También 118 de los 408 diputados que hay en el país, son intimidados por actores armados.

Por esto, con la participación de representantes de distintos sectores sociales se realizó la socialización del acto administrativo de inclusión al Registro Único de Víctimas al grupo de concejales y diputados que se encuentran en proceso de reparación colectiva.

El proceso empezó el 20 de septiembre del 2013 cuando luego de una reunión con los representantes de las organizaciones, se conformó un comité de impulso compuesto por nueve miembros entre concejales, exconcejales, exdiputados, diputados y presidentes de las diferentes asociaciones que han sido víctimas del conflicto armado.

Allí se visibilizaron casos como el secuestro del concejal Armando Acuña en Garzón (Huila) y la masacre en el Concejo de Rivera en el mismo departamento; así como el secuestro y masacre de los diputados de la Asamblea del Valle y el secuestro masivo de los concejales de Orito (Putumayo).

Para Iris Marín, directora (e) de la Unidad para las Víctimas, priorizar al grupo de concejales y diputados “es una apuesta a la paz desde las corporaciones públicas de elección popular en especial, las asambleas y concejos, pues son ellos quienes representan al pueblo a través de mecanismos de participación democrática y a su vez conciertan políticas que influyen en aspectos políticos, comunitarios y culturales de sus municipios y regiones”.

Este proceso de reparación colectiva está dirigido a Concejales y Diputados, y también busca generar nuevos espacios de diálogo y concertación en regiones altamente victimizadas por actores armados.

Henry Fernando Ladino, presidente de la Corporación de diputados de la amazo-orinoquia colombiana evidenció la situación de su departamento.

“El Meta, particularmente, es de los departamentos más victimizados. En la asamblea del departamento son 12 los diputados que han sido asesinados, hasta tenemos un gobernador victimizado. Es el momento de empezar a buscar soluciones desde la educación para todas las víctimas del conflicto”, concluyó el asambleísta.

Hernando Quevedo, director de Confadicol llamó al fortalecimiento de esa “gran red de las entidades de gobierno para visibilizar el problema de las víctimas”.

Dentro de las acciones que se adelantan, se instalarán mesas de trabajo en los departamentos de Bolívar, Chocó y Nariño con el fin de abordar las afectaciones de género y psicosociales, que contarán con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Nacional Demócrata (NDI) y ONU Mujeres.