El Concejo de El Zulia está a punto de quedarse, por varios meses, sin ocho de sus trece integrantes, por la presunta falta en que  incurrieron en contra del reglamento interno de la corporación.

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría Provincial de Cúcuta sancionó con una suspensión de 11 meses en el ejercicio de sus funciones al expresidente del cabildo, Gonzalo Cuevas Omaña, y de 9 meses a los concejales José Omar Mora Carrillo, Armando Contreras Pérez, Eduardo Antonio Duarte Rivera, Marco Alirio Arévalo Martínez, Eduardo Torres Remolina, Diana Lilibeth Vidueñez y Elkin Caballero Ramírez.

La sanción también cobija al secretario general del cabildo, para la época de los hechos, Antonio Luis Gómez Ascanio, a quien le impusieron una suspensión de siete meses.

La sentencia se relaciona con las presuntas irregularidades que rodearon la convocatoria a la sesión plenaria del 5 de febrero de 2013, en la que se definió la integración de las Comisiones Permanentes de la corporación administrativa municipal.

Según la queja interpuesta por los concejales Yuretsy Liliana Bolívar, Edgar Omar Picón, Henry Adrián Sánchez, Samuel Aparicio Jaimes y Elkin Javier Gamboa, un día antes a aquella fecha, el resto de sus compañeros decidió convocar para la mañana siguiente la nueva sesión, sin que fueran advertidos de esta determinación, vulnerando así sus derechos de participación.

“El día 4 de febrero nos vimos precisados a retirarnos del recinto en el punto de proposiciones para cumplir con compromisos de la comunidad y no estuvimos presentes cuando en plenaria se acordó la próxima sesión para las 5:00 de la mañana, del día siguiente”, relataron los denunciantes a la Procuraduría.

En su queja advirtieron, además, que a pesar de que en esa sesión se tenía previsto conformar la Comisiones Permanentes de la corporación, no fueron convocados a participar, conforme lo establece el reglamento interno del Concejo.

Falta grave

Al analizar las pruebas aportadas, la Procuraduría Provincial determinó que sí existieron irregularidades por parte de los servidores públicos, por lo que procedió a formular cargos contra los ocho concejales.

Así las cosas, el organismo de control disciplinario encontró que la conducta asumida por el entonces presidente del cabildo, Gonzalo Cuevas Omaña, se constituye en una falta grave a título de culpa gravísima, “porque con su actuar quebrantó las reglas de obligatorio cumplimiento”.

Para el procurador provincial, Alfonso Luis Suárez, el presidente del Concejo no debió obviar la normatividad y poner a consideración el orden del día para que fuera aprobado y tampoco llevar a cabo la sesión tomando decisiones con errores de procedimiento, “que lo que causaba era el menoscabo de los derechos de quienes no podían participar”.

Entre tanto, a los otros siete concejales se les endilgó una falta grave, a título de culpa grave, toda vez que para el Ministerio Público ellos votaron y aprobaron el orden del día a sabiendas de que la convocatoria no estaba sujeta al reglamento que les rige.

Y aunque en los descargos los investigados coincidieron en asegurar  que durante la instalación de las sesiones ordinarias, el primero de febrero de 2013, se hizo pública la convocatoria para el 5, y se anunció que en dicha fecha se elegirían las Comisiones, para la Procuraduría esta afirmación no apareció consignada en el acta de la sesión y por lo tanto no hay prueba que sustente que sí hubo una convocatoria previa y ajustada a las normas.

Así las cosas, para la Procuraduría “se concluye que, de acuerdo a las pruebas allegadas al proceso, surge mérito para fallar en contra de los funcionarios investigados por el quebrantamiento del deber funcional”.

No obstante, contra este fallo de primera instancia, los suspendidos concejales podrán interponer el recurso de apelación, a fin de intentar reversarlo.