Ante la comunidad educativa el rector de la Universidad de Pamplona, Ivaldo Torres Chávez, presentó el informe de gestión de 2017, en relación con el plan a 2020.

El plan esta soportado en cinco pilares, 16 líneas, 52 proyectos y 94 indicadores que contienen desarrollo académico, investigación, interacción social y aspectos financieros, que a su juicio avanzan en 80 por ciento.

Se destacaron aspectos como el cumplimiento del pago de la deuda que en la actualidad está en 16.000 millones de pesos, de los cuales el año pasado se pagaron 4.341 millones.

Torres afirmó que este año se pagarán 5.300 millones de pesos de capital. También se refirió al presupuesto que ejecutó el año pasado y que con los adiciones quedó en 147.693 millones de pesos.

LOGROS

El rector Torres se refirió a la acreditación institucional que marcará el rumbo de la Universidad en los próximos años.

Entre estos compromisos indicó que se cuenta actualmente con acreditación de alta calidad en los programas de ingeniería electrónica, educación física y lenguas extranjeras.

Hay tres en espera de resolución por parte del Ministerio de Educación, como son ingeniería de alimentos, fisioterapia y biología.

También hay cinco que están pendientes de visita de los pares académicos, como son  medicina veterinaria, telecomunicaciones, química, física e ingeniería mecánica. 

El rector indicó que la meta es lograr, antes de finalizar 2020, que la Universidad obtenga la acreditación institucional con la aprobación de nueve programas.

“Hemos sido muy acuciosos en cumplir con los lineamientos que emana el Consejo Nacional de Acreditación”, dijo.

El rector considera que al hacer una buena planeación de los recursos financieros, cualificación del personal y demás necesidades, permitirán seguir avanzando con seguridad en el tema de la acreditación.

Ante los 25.000 estudiantes de los 85 programas en las sedes de Pamplona, Villa del Rosario, Cúcuta y los Cread, se hace necesario, según el rector, que el ministerio de Educación reforme el artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que fija la distribución de los recursos a las universidades públicas del país.

“Es una nueva propuesta que nace de nuestra Universidad de Pamplona, en donde ponemos de presente la eficacia de la transferencia frente a la cobertura”, señaló.