El Personero de Pamplona, Richard Parada Jáuregui, informó que los hijos de colombianos con venezolanos tienen el derecho a la educación en los establecimientos públicos de la ciudad, siempre que tengan legalizados los documentos.

El funcionario indicó que en la última semana se han atendido más de 240 personas procedentes del vecino país, quienes llegan buscando ayuda para establecerse legalmente en el municipio.  

La constante es que todos quieren legalizar la situación para trabajar sin problemas, por tanto la mayoría están ilegalmente en Colombia.

Sobre la atención que se les ofrece, indicó Parada que la Personería procede con la identificación a través de la verificación de los documentos que traen.

Al igual que propende por garantizarles los derechos a los menores de edad que son sujetos de especial protección constitucional.

“Después hacemos los correspondientes trámites administrativos con el propósito de que los niños adquieran la nacionalidad colombiana y los mayores de edad por tener un vínculo con un ciudadano nuestro”, expresó.

Parada Jáuregui enfatizó que en el tema de los estudios, hacen los respectivos trámites para que puedan tener acceso a los planteles educativos del municipio.

“Vamos a expedir una circular para que los rectores de los colegios les garanticen el acceso a esta población que también tiene derecho a gozar de tales beneficios”, afirmó.

Ante la llegada de venezolanos, manifestó que Pamplona se ha convertido en un foco receptor y la cifra está por el orden de las 1.200 personas.

En dificultades

La colombiana nacida en Chitagá, Nohora Ibáñez Rodríguez, quien es madre de dos niñas, desde hace dos meses se radicó en Pamplona esperando cambiar de vida porque en Venezuela no hay garantías para poder seguir adelante con la familia.

Decidió acudir a la Personería para que le ayudaran a legalizar la situación de los dos pequeños, los cuales quiere que gocen de estudio y servicios de salud.

El esposo quien es oriundo de Venezuela se desempeña en labores de construcción en Pamplona. “Mi situación no es buena, tengo que pagar arriendo y los servicios públicos son costosos por lo que estamos pasando penurias”, afirmó.

Ella indicó que acudió a la Personería en donde le ofrecieron asesoría para que resuelvan la legalidad y los niños sean incluidos en el Sisbén. “Mi esposo no tiene documentos, trabaja y tiene miedo que lo deporten”.

Sobre por qué decidieron radicarse en Pamplona, afirmó que en Venezuela no se consigue alimentación y la situación cada vez tiende a empeorar.