La zona se quedó sin el experto que preste los servicios de clínica forense por lesiones, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, entre otros.
Molestia en Pamplona por traslado de forense a Cúcuta
La decisión de trasladar a Cúcuta al médico forense de la Unidad Básica de Medicina Legal, Camilo García Jáuregui, quien presta los servicios en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, no fue bien recibida por las fuerzas vivas de la provincia, teniendo en cuenta que atiende a los habitantes de 14 municipios.
Ese organismo empezó labores en 1991, con tres médicos forenses, dos auxiliares y un administrativo, que atendían las 24 horas.
La Unidad, poco a poco se fue quedando sin personal y actualmente solo está García.
Ante la situación la rama judicial le envió una comunicación al director general de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Carlos Eduardo Valdés Moreno, en donde le manifiestan las consecuencias que implicaría la medida.
Los jueces y abogados que laboran en el Palacio de Justicia de Pamplona le dieron a conocer a Valdés que García presta los servicios de clínica forense por lesiones personales, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, estados de salud, valoraciones de edad clínica, estados de embriaguez y responsabilidad médica, con el correspondiente procesamiento de la evidencia recuperada según los protocolos.
Además recalcan que el médico forense de la Unidad, con sus conocimientos y experiencia apoya los juicios orales del sistema penal acusatorio, al igual que al año hace más de 30 necropsias.
Otro de los argumentos es que el organismo en Pamplona procesa anualmente más de 900 órdenes judiciales de valoraciones forenses.
Por ello le solicitaron que la medida debe revesarse, porque de lo contrario los servicios de medicina legal implicarían el traslado de los usuarios a sedes de Cúcuta o Bucaramanga.
Esto le generaría costos por desplazamientos a los usuarios.
Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se mostraron descontentos ante el anuncio y sostuvieron que de cumplirse se ocasionaría graves inconvenientes para la administración de la justicia y en particular para la labor que adelanta la Fiscalía de Pamplona.
En este sentido recordaron que no se garantizarían los dictámenes de un profesional de la medicina forense en casos como los delitos sexuales, contra la vida, integridad personal, violencia intrafamiliar, maltrato a menores y accidentalidad de tránsito.
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