En el Comité de Justicia transicional que se cumplirá el 25 de octubre someterán a aprobación el Plan Integral de Prevención y Protección a las Víctimas.

Así lo informó el enlace de la subdirección de prevención y atención de emergencias de la Unidad Nacional de Víctimas para Norte de Santander y Arauca, Betty Rincón, quien se reunió con el subcomité, conformado por secretarios de la administración municipal, organismos de socorro, Policía, Ejército, Defensoría del Pueblo, Personería, agentes educativos y víctimas.  

La funcionaria precisó que desde abril de este año se empezó a consolidar la propuesta y formulación del plan de contingencias del municipio, que ha estado en constante evaluación por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Rincón indicó que cuando el plan sea aprobado, le corresponderá a la administración municipal convertirlo en ley municipal a través del correspondiente decreto.

“Esta va a ser la herramienta técnica que permitirá prevenir o atender las emergencias que se presenten con las víctimas en los sectores urbano y rural”.

La enlace de la UNP explicó que los miembros de esta población van a tener la oportunidad de conocer las rutas de acceso y atención en caso de presentarse una contingencia que en determinado momento los llegue a afectar. 

Sobre la elaboración de los planes en los demás municipios de la región, Rincón aseguró que todos los tienen aprobados y que Pamplona está a punto de lograr este mecanismo liderado por el Gobierno Nacional.

Igualmente la enlace de la UNP se desplazó al Distrito Militar con el propósito de coordinar la expedición gratuita de la libreta militar a la población víctima del conflicto armado.

Este procedimiento se hará en las próximas semanas en conjunto con la Mesa Municipal de Víctimas y la Personería.

El secretario de gobierno, Jevir Acero, manifestó que el plan que se aprobará es producto del trabajo hecho con los diferentes actores y entidades del municipio, el cual facilitará una atención más oportuna e inmediata a las víctimas.

En Pamplona en la caracterización hecha el año pasado figuran 776 víctimas y en el registro que tiene la Unidad Nacional de Protección están incluidas en la base de datos 1.100 personas.