Las 91 familias que hacen parte de la Organización Valle del Espíritu Santo, damnificadas con la destrucción de las viviendas de interés social, en 2010, protestaron al frente de la Alcaldía de Pamplona para que el alcalde, Ronald Contreras Flórez, cumpla con el fallo del Juzgado Primero Administrativo de Pamplona, que ordenó al municipio reparar patrimonialmente a los afectados.

La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Había sido denegada, por improcedente, la revisión por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo del 24 de noviembre de 2015.

Después de casi tres años de haberse condenando al municipio por parte del Juzgado Primero al pago de indemnizaciones y teniendo en cuenta que no hay un acuerdo entre las partes, el abogado de los afectados denunció ante la Fiscalía al alcalde Contreras, como representante legal del municipio, por el delito de fraude a resolución judicial.

Lo mismo hizo en la Procuraduría Provincial de Cúcuta, en donde solicitó investigación disciplinaria contra el actual alcalde de Pamplona al considerar que no ha cumplido la resolución judicial. 

En declaraciones a la emisora de la Universidad de Pamplona, el alcalde dijo que existe la voluntad de cumplir, por obvias razones el fallo, y que está buscando una alternativa para hacer los pagos.

“Lastimosamente las finanzas del municipio no son generosas y verificamos jurídicamente si hay posibilidad de que el Concejo, previa verificación jurídica, hace una gestión ante Findeter, que tiene una línea de crédito para pago de pasivos”, afirmó. 

Los hechos

En 2000, un grupo de personas se reunió para constituir la Organización Popular Valle del Espíritu Santo y postularse al subsidio de vivienda de interés social.

Con los dineros que aportaron 92 familias, adquirieron un lote en el sector El Zulia, sur de Pamplona. 

A pesar de que no era apto por una falla geológica y al tener los subsidios aprobados por el ministerio de Vivienda, el 1 de febrero de 2008, la Secretaría de Planeación expidió la licencia de construcción.

De acuerdo con los representantes de la Organización en la acción de grupo interpuesta por 52 afectados en el Juzgado Primero, la decisión de construir la tomó la administración municipal sin tener en cuenta que los solicitantes del proyecto presentarán la licencia ambiental, al igual que se instalaron los servicios de acueducto y alcantarillado sin disponer de diseños.

A un mes de entregarse las casas, algunas viviendas empezaron a agrietarse por la inestabilidad del terreno. Teniendo en cuenta estas y otras consideraciones el Juzgado ordenó al municipio pagar a título de perjuicios materiales y morales la suma de 4.568 millones de pesos a los 52 integrantes del grupo.

Esta decisión fue apelada por el Municipio de Pamplona ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en donde en el fallo del 9 de julio de 2015, se ratifica la decisión del Juzgado Primero Administrativo Oral, pero no condenando al municipio al pago de los perjuicios morales, sino materiales que ascienden a 2.868 millones de pesos

Al igual, se le ordenó a quien en esté al frente del municipio, que adelante todas las medidas que sean necesarias para ubicar a las familias afectadas.

También, la sentencia en segunda instancia fue enviada a revisión del Consejo de Estado y se decidió el 24 de noviembre de 2015, denegar la solicitud y devuelve el expediente al Tribunal Administrativo.