El personero de Pamplona, Richard Parada Jáuregui, dijo que se suscribió un convenio con el consultorio jurídico de la Universidad de Pamplona, para brindar asesoría a la población de colombianos y de venezolanos que han llegado al municipio en los últimos meses.

La atención jurídica estará dirigida a los colombianos que retornen al municipio y a los venezolanos que ingresen por la situación de violencia que afronta el vecino país.

“También tenemos un punto de atención para aquellas personas que busquen refugio por cualquier persecución política, religiosa o de cualquier otra índole”, afirmó.

El representante del ministerio público anunció que en los próximos días, en compañía de los estudiantes del consultorio jurídico, hará una jornada de atención a todas las personas que por diferentes circunstancias están recientemente radicadas en Pamplona.

Igualmente, indicó que se aprovechará el proceso para establecer el número exacto de personas que han llegado al municipio.

En la actualidad, la Personería posee un registro de 1.500 colombianos con sus familiares, que retornaron al territorio nacional y de venezolanos inmigrantes.

También indicó que el propósito es ayudarles a estas personas a resolver la situación jurídica, aclarando que los venezolanos que no tienen ningún arraigo, están de manera ilegal en el país.

“Vamos a tener un tratamiento especial con los menores de edad que viven con ellos, para resolverles situaciones relacionadas con los estudios y la salud”, aseguró.

Parada manifestó que durante el año ha hecho acompañamiento a 25 estudiantes que se encuentran matriculados provisionalmente en los colegios del municipio.

En este sentido, sostuvo que con la mayoría hay dificultades, porque no tienen al día los documentos o registros de notas de las escuelas y colegios del país vecino.

El personero Parada indicó que la situación generada con la llegada masiva de venezolanos, en parte, ha desplazado la mano de obra local. Los jornales que les pagan por su trabajo son más baratos. 

Por esta situación, según el funcionario, se han detectado brotes de xenofobia y altercados con personas que tenían propiedades arrendadas a ciudadanos venezolanos.

“A estas personas las ponen a trabajar sin pagarles salud, pensión o riesgos profesionales, lo que se constituye en un hecho preocupante”, sostuvo.

En los últimos tres meses, en los planes de registro y control, la Policía ha detectado 70 venezolanos que se encontraban de manera ilegal en el territorio nacional ejerciendo la informalidad en el espacio público.

Estas personas fueron puestas a disposición del personal de Migración Colombia, que los devolverá al país de origen.