Los Bomberos de Pamplona están desconcertados porque en varias ocasiones se han desplazado a diferentes sitios a sofocar incendios y cuando llegan se llevan la sorpresa de que son quemas controladas.

Esto implica gasto de tiempo y de combustible al tener muchas que desplazar máquinas y carros cisternas.

El hecho más reciente ocurrió en predios del colegio Provincial San José, en donde unas personas se encontraban quemando desechos orgánicos que se producen después de la recolección de productos comestibles.

Llamó la atención que desde diferentes puntos de la ciudad se observaba una espesa capa de humo, lo que se presumía que era un incendio de grandes proporciones.

Los teléfonos de los organismos de socorro en la tarde del lunes no paraban de sonar, porque se temía que el fuego se extendiera hacía los sectores residenciales.

Inmediatamente se desplazaron al sitio y constataron que no era un incendio forestal, sino una quema propiciada por quienes tienen cultivos en la zona.

El comandante de los Bomberos Voluntarios, capitán Julio César Espinosa, recordó que a nivel nacional está prohibido todo tipo de quemas y que es competencia de la Policía Ambiental hacer los respectivos controles y sancionar a quienes propician este tipo de acciones ilegales.

“Como todos saben nuestra misión es atender todo tipo de incendios y emergencias. Al movilizarnos con equipos o maquinarias implica costos”, sostuvo.

De acuerdo con el capitán Julio César Espinosa “muchas veces la comunidad hace llamadas de emergencias falsas o que no ameritan nuestra presencia, lo que les hace perder tiempo y recursos”.

Sanciones

Las personas que no acaten las disposiciones para evitar los incendios forestales y propicien conflagraciones se harán acreedores a una pena que oscila entre 16 y 144 meses, más el pago de una multa que oscila entre los 13 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso de que un incendio provocado o controlado ocasione daños a un inmueble, el responsable del hecho será sancionado con una pena privativa de la libertad de entre los 32 y 180 meses.

Además, deberá pagar una multa de 133 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 350 del Código Penal, decreto 948 de 1995. Se pide a los pamploneses acatar las medidas para evitar hechos que lamentar.