El Gobierno Nacional ha informado, que ha suscrito, acuerdos finales con la Farc en La Habana, y dice, contemplan sanciones, por los delitos atroces y entrega de las armas. 

Sin embargo, el doctor José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights  Watch, la entidad encargada, a nivel mundial de vigilar todos los procesos de paz y terminación de conflictos, ha hecho graves observaciones, que debe tenerlas en cuenta, de todas maneras, el gobierno.

La ONG dijo, que los acuerdos de La Habana eran un carnaval de impunidad, porque no contemplaban sanciones para delitos atroces, como el cruel y salvaje asesinato de la familia Turbay Cote en el Caquetá; los crueles asesinatos del exministro de defensa doctor Gilberto Echeverri Mejía  y el gobernador Guillermo Gaviria Correa en abril del 2003 en Antioquia, cuando engañados,  por la guerrilla fueron a buscar la paz; el bárbaro asesinato de diez diputados del Valle del Cauca, secuestrados y sacados con engaños de la gobernación del departamento; el asesinato colectivo de hombres, mujeres y niños, en Bojayá. 

El secuestro de la doctora Ingrid Betancur, de militares de alta graduación y de centenares de profesionales, ganaderos, agricultores, comerciantes, amas de casa, estudiantes, artesanos y humildes obreros.

Alguien que conociera los citados acuerdos de paz, tenía que decirles la verdad a los colombianos, que el gobierno, tiene citados, para que sin conocerlos, pide diga si quiere la paz o no. 

Afortunadamente fue Human Rights  Watch, quien puso el dedo en la llaga, ha dicho la verdad, sobre los tan cacareados acuerdos, que en opinión de la citada ONG son un verdadero engaño al pueblo colombiano.

Esto sucede así, porque como lo dijera Abraham Lincoln, el abogado leñador y gran presidente de los Estados Unidos, en dos períodos, asesinado en el teatro de Washington por el actor fanático John Wilkes Booth en abril de 1865 :“Se puede engañar a unos, todo el tiempo, a todos parte del tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo”. 

El gobierno ha mantenido engañado a todo el país, sobre el verdadero contenido de los convenios firmados con las Farc, sobre la justicia transicional para los crímenes atroces y de lesa humanidad. 

Pero fue Human Rights Watch, la entidad, que le dijo la verdad al país al afirmar que el convenio firmado era “una piñata de impunidad”; diremos, algo similar a lo ocurrido con Pablo Escobar, y la  lujosa cárcel de la catedral, de su propiedad, en el municipio de Envigado, convenida con el presidente César Gaviria el 19 junio de 1991, para entregarse a la justicia, de donde se fugó, como era su inicial propósito.

Es de esperar que el Gobierno Nacional, estudie y valore las objeciones del doctor Vivanco, y haga las correcciones necesarias a esos convenios de impunidad.

*Pablo Emilio Ramírez | columnista