Dra. Estefanía Colmenares

Directora

Diario La Opinión

¡Desconcertante! Así calificó el editorial de EL TIEMPO del 8 de junio, la medida de aseguramiento preventiva ordenada al gobernador de Antioquia. “Una decisión difícil de justificar” que no procede en quien no representa peligro para la sociedad, sin riesgo de fuga o interferencia en la investigación.  Anota que no estamos frente a un caso de corrupción que suponga apropiación de dineros público, sino la telaraña de normas penales en que se convirtió la contratación estatal, y fallas que podrían ser puramente administrativas se convierten en delictuosas. Rescata, además, el derecho que tenemos de “hacer observaciones críticas sobre su necesidad, conveniencia, juridicidad, oportunidad e incluso sobre sus motivaciones”.

Esta discusión, sirve para comentar otro caso indignante en Cúcuta: la detención intramural del ingeniero Oswaldo Grajales, secretario de Infraestructura de la administración de Donamaris con casi un año privado de su libertad sin iniciarle juicio. Es acusado de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos en la etapa precontractual, en el marco de la discusión técnico-política sobre el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Atalaya.

La medida contra el ingeniero Grajales es aún peor que la del caso paisa. Esta decisión no procede para quien se presentó voluntariamente, no tiene antecedentes penales y hace años no contrata ni hace parte de la función pública; posee un arraigo incuestionable en la región. Aquí tiene: empresa, madre, esposa, hijos y hermanos que, con estoica y respetuosa actitud, han asumido el desconcertante proceder de la fiscalía y los jueces que detuvieron a un funcionario que ni firmó contrato, ni lo recibió, ni lo liquidó. Que no era ordenador del gasto ni tenía las facultades. Pero los jueces lo comprometen  por haber sido el Secretario, amparados en la extraña fórmula de “no puede evadir su responsabilidad.” Esto abre un interrogante: ¿Volvieron delito ser funcionario público?

Hablamos de “cómo” enfrentar el juicio: detenido, porque su libertad es un peligro para la sociedad; o en libertad, gozando del derecho consignado en la Carta Constitucional (art. 27 y 28) que garantiza un proceso sin dilaciones injustificadas. Escandalosos los tiempos tomados por los jueces para definir las audiencias.

Donamaris, con el Decreto 0053 del 11 de enero del 2013, centralizó las facultades para contratar en la Secretaria de fortalecimiento corporativo. Además, con la resolución 0045 de la misma fecha, creó el grupo de contratación del municipio de San José de Cúcuta y le definió sus integrantes, responsabilidades, alcances, funciones y competencias de cada uno. El ingeniero Grajales no pertenecía al grupo, ni a la Secretaría a quien dieron dichas facultades.

Como al gobernador, acá aparecen quienes ven delitos ocultos, en este caso de Donamaris. Estos, cegados por odios personales justifican medidas, si no inconstitucionales, sí desconcertantes en su base legal. Lo que no entienden es que la imposición caprichosa y populista de la justicia, destruye el estado de derecho y convierte al país en una selva donde moriremos todos.

Cuatro años de prevaricato por acción y omisión de la administración anterior no derrumbó el CDI. El abandono no tumbó lo construido en la fase 1. Lo que se cayó pertenece a la fase 2, que la fiscalía no incluye en su expediente. Al ingeniero Grajales lo demandaron y detuvieron por la fase 1, la menos afectada.

Que no nos desconcierten los jueces. Que la fiscalía mejore su trabajo investigativo sin crear falsos positivos. Que no hereden al contribuyente gastos por sus actuaciones indebidas. Ellos, además de sus funciones de oficio, deben dar testimonio de transparencia y probidad.

Los paisas generan ruido a nivel nacional por el abuso contra uno de ellos. A nosotros debe alcanzarnos para una declaración de indignación. Al ingeniero y su familia la solidaridad y este grano de arena para repudiar la injusticia de su detención por parte de unos funcionarios que, deducido por sus actuaciones, no merecen tener en sus manos el valioso don de la justicia que se les ha confiado.

Ing. Saúl Rincón Villamizar

CC. 13469819