Colombia enfrenta un enemigo muy poderoso que destruye cerca de 350.000 empleos. Es un enemigo criminal, que estimula y financia organizaciones al margen de la ley, y a esta realidad no son ajenas las zonas de frontera, particularmente el departamento de Norte de Santander.

Ese enemigo de la competitividad destruye nuestra industria con una competencia desleal que no paga impuestos, y por el cual el país deja de percibir 6.000 millones de dólares al año, equivalentes a 2 puntos del PIB nacional. El contrabando es, para nuestra economía, el nuevo narcotráfico.

Según cálculos de la Dian, el contrabando afecta sectores de manera sensible, como los de vehículos, bebidas, combustibles, tabaco, carnes, calzado.

Solo para estos sectores, calcula que el contrabando en el país ascendió a 885,8 millones de dólares en el año 2014.

Y en ese año se incautaron medicamentos, productos agroquímicos, confecciones, tapas y dosificadores para botellas de licor por 4.176 millones de dólares.

No puede haber ninguna duda: a ese enemigo todos los colombianos debemos combatirlo. Una de las herramientas más fuertes para hacerlo es la Ley Anticontrabando, aprobada por el Congreso de la República y que acaba de ser sancionada por el Presidente Santos.

Esta ley, que el país llevaba buscando por décadas, endurece las penas: por una parte, para los funcionarios públicos que participen en esta actividad, y se considera conducta constitutiva de lavado de activos.

También se unifica el régimen sancionatorio del impuesto al consumo en el país, se mejora la información sobre la actividad empresarial y se les permite a las entidades del Estado trabajar articuladamente para combatirlo.

Además de la ley, trabajamos con la Dian y los puertos del país para poner en funcionamiento la inspección no intrusiva con escáneres, con lo cual agilizaremos el comercio internacional y haremos un control eficaz del contrabando.

Y el Gobierno Nacional, por medio de la Dian, realiza la renovación de la plataforma tecnológica aduanera, así como una gestión coordinada en fronteras, y lidera una alianza aduana-empresa para convenir acciones con el sector privado en contra del contrabando.

Todo este esfuerzo lo hacemos por la industria y el comercio del país. Los pequeños comerciantes no pueden confundirse con contrabandistas.

Los pequeños comerciantes que necesitan acceder a productos importados para ofrecer a sus consumidores cuentan con todo nuestro apoyo para hacerlo de manera legal, con herramientas de facilitación del comercio. La Ley Anticontrabando los beneficia, porque promueve el desarrollo empresarial con herramientas para combatir la competencia desleal a la que se ven expuestos actualmente.

Así mismo, nos permitirá responder a la problemática socio- económica que se presenta en las zonas fronterizas colombianas, como es el caso de Cúcuta, en donde este flagelo ha generado un alto nivel de informalidad en las actividades económicas que se practican en esta zona. Por lo tanto, el Ministerio de Comercio adelantará programas para la formalización de los pequeños comerciantes de la Región, de manera que obtengan provecho de la oferta institucional del Estado, y desarrollen una actividad dentro de la legalidad, lo que por supuesto traerá beneficios económicos y sociales a toda la población de frontera.

Vale señalar también que, en el marco de la preocupación que tiene el gobierno para contrarrestar este fenómeno, se ha avanzado ya en algunas acciones como patrullas especializadas de control fronterizo con equipamiento especializado de última generación para acceso a puntos geográficos de frontera.

Tanto los comerciantes como todos los consumidores en Colombia tenemos en nuestras manos el futuro de la industria nacional. Apoyemos a Colombia vendiendo y comprando productos legalmente importados.

Mi llamado es a que desoigan los mensajes oportunistas de politiqueros que buscan en los pequeños comerciantes confundir para obtener votos.

* Columna de Opinión| Ministra de Comercio, Industria y Turismo | @cecialvarezc