Ocaña se convirtió en el horizonte de llegada y permanencia para los campesinos desplazados de Hacarí, San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, El Carmen, Ábrego y La Playa de Belén.

A la supervivencia por escapar del conflicto armado entre los grupos criminales, recae un panorama más desalentador, el presupuesto municipal destinado para las ayudas primarias de los desplazados se agotó por el incremento de las víctimas que buscan refugio en Ocaña.

Según los registros de la Unidad Nacional de Víctimas, para  el último corte de julio, se registró un total de 34.817  desplazados en Ocaña.

El paro armado que decretó el EPL el 15 de abril, intensificó el desplazamiento de los habitantes del Catatumbo.

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“Se presupuestaron $70 millones para la ayuda primaria como alimentos y arriendos, pero el dinero se acabó en abril con las 591 familias que llegaron a los alojamientos temporales”, afirmó el enlace municipal, Jessica Ibáñez. 

La situación se expuso ante el Comité de Justicia Transicional y el Programa Mundial de Alimentos, que suministró  1.782 mercados para mitigar en parte la crisis humanitaria.

La realidad empeora con el transcurso del tiempo, debido a que diariamente llegan entre 9 a 10 familias desplazadas en busca de atención y el municipio no tiene el personal necesario y capacitado para adelantar los trámites administrativos de ayudas. 

Las cifras

De las 34 mil 817 víctimas, 158 sufren actos terroristas, 409 amenazas, 177 delito sexual, desaparición forzada 154 y 32.484 desplazamiento forzoso. 

Asimismo, en homicidios registran 2.043, minas antipersonas 46, reclutamiento 5, secuestro 545, tortura 19 y pérdida de bienes 107.

Las cifras pertenecen a 16.809 hombres y 17.700 mujeres. 

7 son de la población LGBTI y 301 no informan.

Según el registro, el total de víctimas infantiles corresponde a 6.042 niños entre cero a seis años.

4.581 desplazados, oscilan en las edades de 12 a 17 años.

Además 7.650 víctimas son de 18 a 28 años.

De 29 a 100 años hay 15.375 desplazados. 

No determinados 1.169, precisa el informe.

“Hacemos un llamado a las instituciones del orden departamental, nacional e incluso internacional para conjurar la problemática ”, afirmó Ibáñez.