En Ocaña se generó una polémica porque los abogados de la Federación Colombiana de Municipios emprendieron acciones para cobrarle al municipio los honorarios de los agentes azules que estuvieron a mitad de año controlando el tránsito en varios puntos congestionados.

A pesar de no existir un convenio, los agentes hicieron labores para el control del tráfico vehicular. Inicialmente, se habló de un contrato de 42 millones de pesos mensuales, por 20 agentes. Al final, se acordó que solo eran  10, por 20 millones de pesos.

El secretario de Tránsito encargado para esa época, Jairo Carrascal Villegas, alegó que se hizo una invitación para una prueba piloto y nunca se generó el convenio.

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“Cuando se tenía listo el borrador, en la oficina jurídica se descubrió que no se podía suscribir un convenio con el mismo objetivo del existente con la Policía, y se frenó el proceso”, indicó el funcionario.

Sin embargo los asesores de la Federación Colombiana de Municipios indicaron que se causaron gastos de alimentación, transporte, estadía y honorarios por los servicios prestados.

La alcaldesa de Ocaña, Miriam Prado Carrascal, dijo que nunca suscribió acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios para a llegada de los agentes azules.

“Esa entidad está cobrando una suma de 20 millones de pesos por la permanencia de los alféreces en el control del tráfico vehicular. La administración municipal no debe nada”, exclamó la mandataria. “Con la Policía de Tránsito se superó el problema y llegó el borrador, que revisa la oficina jurídica, y se espera firmarlo lo más pronto posible”.

Lo curioso del caso es que pese a los argumentos del municipio, los agentes azules prestaron sus servicios en Ocaña, por invitación del secretario Carrascal a la Federación Colombiana de Municipios. 

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Loa agentes azules llegaron al municipio y estuvieron cerca de dos meses, pero por enfrentamientos verbales y el clima hostil que les generaron los conductores del servicio público, se marcharon. 

Por los hechos, el municipio optó por darles la continuidad a los patrulleros de la Policía nacional, para evitar inconsistencias jurídicas. 

Ese convenio tiene un costo de 180 millones de pesos anuales, que corresponden a 15 millones de pesos mensuales por 14 agentes de la policía, lo cual es más barato y menos oneroso para el fisco municipal. 

Mientras tanto, la deuda por los servicios de los agentes azules está ahí y nadie responde sobre el particular. Por ello, la Federación Colombiana de Municipios oficializó el cobro de los 20 millones de pesos del proyecto piloto, toda vez que fueron ellos quienes fueron buscados por el municipio y asumieron los costos.