Una comisión especializada de Migración Colombia con el acompañamiento de la  Defensoría del Pueblo, Personería y la administración municipal adelanta operativos para determinar la existencia de extranjeros irregulares en Ocaña. 

En total de 29 hombres y 6 mujeres de origen venezolano salieron hacia Paraguachón en la Guajira para efectuar las diligencias de rigor y retornar al vecino país, manifestó  el alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego.

 “Hemos creado sinergias con nuestra policía nacional como lo habíamos prometido con migración Colombia, revisando la situación de inmigrantes que están en nuestra ciudad. Estamos haciendo esta tarea para dar más tranquilidad a los ocañeros, para que tengamos más movilidad, para recuperar el espacio público y seguiremos trabajando para que un nuevo gobierno comprometido comience ahora con la transformación de Ocaña”

 Por su parte, el secretario de gobierno, Bolmar Blanco, indicó que se realiza un operativo interinstitucional destinado a la presencia de personas indocumentadas y con antecedentes. “Además de las 36 que salieron voluntariamente del país por permanecer irregularmente, 5 menores fueron objeto de verificación por Migración Colombia y Policía de Infancia y adolescencia y otros 5 casos se les iniciará proceso sancionatorio migratorio. Estos extranjeros fueron enrolados en el sistema de identificación de Migración Colombia y se les buscó antecedentes de interpol y demás bases de datos, recalca el funcionario.

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Rutas de atención 

La personería de Ocaña se encuentra al tanto de las rutas de atención a la población migrante venezolana para que no sean vulnerados los derechos en materia laboral, salud y educación.

 Las víctimas de esa crisis económica y social del vecino país se ubican en los asentamientos humanos de la ciudad mientras tramitan el permiso especial de permanencia para ejercer actividades informales y poder ganarse el pan de cada día.

 La abogada de apoyo especializado en la población venezolana de la personería municipal de Ocaña, Diana Carolina Riveros Páez, manifiesta que de acuerdo a las cifras manejadas por la Cruz Roja a través del Plan Mundial de Alimentos existe un estimativo cercano a los 15 mil migrantes en esta localidad.

 En el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMV, aparecen regulares, irregulares y retornados quienes piden la asesoría en esa dependencia.

 Aparte del bono de alimentación, se debe garantizar en la ruta de atención el derecho a la salud, educación y acceso a un trabajo digno para mejorar las condiciones de vida.

 Desde el año 2018 se han expedido en esa dependencia 3 mil 720 Permisos Especiales de Permanenci (PEP), pero ahora el documento cambió se debe anexar el fomento de la formalización del trabajo donde el empleador debe pagar la seguridad social tal como lo estipulen las cláusulas del contrato.

 Ahora como es más engorroso, entonces inescrupulosos cobran entre 200 y 300 mil pesos para diligenciar un documento falso. “No tiene validez alguna y en la oficina las diligencias se hacen gratis”, exclama la profesional del derecho.