En Ocaña, unas 500 mujeres, 90 por ciento de ellas venezolanas, ejercen la prostitución, según datos oficiales preliminares.

A raíz de quejas presentadas de la comunidad, en torno de esta situación, las autoridades inspeccionan los prostíbulo cercanos a la plaza de mercado.

La coordinación de Salud Pública, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano, junto con personal de la Sijín y el Instituto Departamental de Salud (IDS) efectúan operaciones de control.

Verifican las condiciones de los establecimientos, revisan los exámenes médicos correspondientes, a documentación, las baterías sanitarias y la licorería, para constatar si tienen las condiciones establecidas en la ley.

Holger Santos, secretario de Desarrollo Humano, indicó que realizan los controles con el objetivo de garantizar la erradicación del trabajo informal y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual.

Juan Pablo Bacca, secretario de gobierno, señaló que los comerciantes del sector están preocupados por la proliferación de jóvenes dedicadas a la prostitución. 

“Los reclamos están encaminados al fallo de tutela que ordena reubicar los prostíbulos en la vía que conduce hacia el corregimiento de Aguas Claras, como lo establece el Pot. La alcaldía ya inició la fase de estudios y diseños para llevar agua potable hacia la zona, para hacer efectivo el traslado”, reiteró Bacca.

El secretario  dijo que esperan solventar la situación en el menor tiempo posible, mientras aumentarán los controles y registros a la documentación. “Se dijo de manera clara no sólo a los propietarios de los establecimientos sino a las ciudadanas venezolanas dedicadas al trabajo sexual que deben tener los papeles en regla para poder funcionar”.

Bacca indicó que a pesar de no ser una amenaza, aquellos propietarios de los locales que sean sorprendidos funcionando serán multados según el Código de Policía.

La medida nació a raíz del último caso de intolerancia donde perdió la vida una ciudadana venezolana, “fue lo que rebosó la copa”, recalcó Bacca.

A pesar de ser una población flotante, la secretaría de gobierno estima que hay unas 500 jóvenes ejerciendo la prostitución, de las cuales el 90 por ciento serían venezolanassin estatus legal para trabajar en Colombia.