Otras escenas desgarradoras viven los desplazados que llevan a cuesta las secuelas del conflicto armado entre el Epl y Eln en el Catatumbo al llegar a Ocaña en busca de nuevas oportunidades: tropiezan con condiciones desalentadoras.

Al llegar con los brazos vacíos de impotencia al escapar de las balas y cargando el miedo que siembran los grupos al margen de ley, 104 familias buscaron en Ocaña un refugio que los alentara a continuar, pero según la Mesa de participación de víctimas, los desplazados sufrieron condiciones inhumanas del mismo calibre que la violencia armada.

Desde abril se intensificó el desplazamiento de habitantes de Hacarí, San Calixto, Teorama, El Tarra, Convención, El Carmen, Ábrego y La Playa de Belén por el paro armado que decretó el Epl, estableciendo como foco de llegada a Ocaña. 

Según la Mesa de víctimas, la crisis humanitaria se desencadenó por la falta de un plan de contingencia para la atención de los desplazados que tuvieron que ser  ubicados en el coliseo Argelino Duran Quintero del municipio sin el acompañamiento de la alcaldía. 

“En la Mesa de víctimas nos dimos a la tarea de esperar a esas personas en la entrada de Ocaña y ubicarlos en el coliseo, con recursos para ese traslado que fueron sufragados entre la personería y la Mesa de víctimas, debido a que el municipio no tenía plan de contingencia”, manifestó Jorge Solano.

Durante los 10 días que permanecieron los 334 desplazados en el coliseo, se presentaron inconsistencias en la ruta de atención a las víctimas que fueron denunciadas ante la mesa departamental de víctimas.  

Condiciones antihigiénicas por el uso de las colchonetas recicladas que fueron entregadas por la Alcaldía generaron escabiosis en los niños y mujeres gestantes. 

La restricción a la veeduría que realizaba la Mesa de víctimas para enterarse de la realidad es otra de las denuncias. 

Para Solano, lo más preocupante es que se violaron los protocolos de la ley 1448, que se establece las medidas de atención y asistencia de las víctimas, y que se debieron aplicar en la llegada y el desalojo del coliseo. 

“Muchas familias retornaron a sus hogares sin las medidas de seguridad que contempla la ley, trasladadas sin la garantía de no repetición del desplazamiento, y no hubo un retorno en calidad de dignidad”, reiteró Solano. 

Según Jessica Ibañez, funcionaria enlace de víctimas del municipio, la administración cumplió con la atención básica humanitaria hasta cuando alcanzaron los recursos de los 70 millones de pesos presupuestado para las víctimas. 

Según la personera, Diana Martínez, ha atendido a 28 desplazados que han denunciado casos de la violación de los derechos humanos.

Por eso, están diseñando un formato especial, para adelantar las gestiones en los entes territoriales.

Mientras tanto los desplazados continúan sin el amparo de la ley, con dos caminos para escoger, retornar al conflicto armado del Catatumbo o esperar las ayudas que parecen no llegar.

Invasión por falta de subsidios

Ante la falta de presupuesto para la atención de víctimas que llegan a Ocaña, 16  familias desplazadas se tomaron el espacio público de la Urbanización El Hatillo del sector La Transparencia por el incumplimiento de los subsidios de arriendo para viviendas. 

Durante el procedimiento de desalojo, los desplazados denunciaron el exceso de fuerza de la autoridad policial. 

“Los desplazados están buscando un alojamiento temporal que el gobierno local, departamental y nacional no les garantizó; por eso la administración municipal debe garantizar esos derechos en un albergue temporal”, expresó el presidente de la asociación de desplazados,  Anfreddy Galvis.

Para la mesa de víctimas, la invasión al espacio público por los desplazados representa la inasistencia de las autoridades competentes frente al debido proceso de ayudas como subsidios y kit alimentario para acompañar a la población vulnerable desplazada.