Los concejales de Ocaña  hundieron un proyecto de acuerdo para autorizar al municipio la compra de un predio en el corregimiento Otaré, en el que se reubicaría el colegio Edmundo Velásquez.

Los miembros de la corporación tuvieron reparos a la iniciativa y las directivas del colegio expresaron su preocupación por la manera como se negaron las facultades a la alcaldesa, Miriam Prado. Los recursos asignados para la obra se pueden perder.

El rector, José María Lanzziano Madariaga, aseguró que es urgente el traslado del colegio, por cuanto se encuentra frente a la estación de Policía y los niños corren riesgos a la hora de una eventual incursión de grupos al margen de la ley. 

El concejal ponente, Xavier Mauricio Sánchez Ojeda, indicó que todos los trámites deben estar al día para otorgar facultades a la alcaldesa a fin de que adquiera el inmueble y ejecute el proyecto de infraestructura educativa.

Los motivos 

El concejal Sánchez argumentó que el proyecto se quedó en comisión debido a las inconsistencias encontradas desde el punto de vista jurídico.

“No quiero frustrar ese sueño de una comunidad educativa, conozco el problema, pero se deben hacer correcciones para aprobar la iniciativa”, agregó.

En primera instancia no coinciden los datos del número de hectáreas para adquirir. Para aprobar la compra de un predio se deben suministrar datos precisos, adjuntar los soportes jurídicos y los certificados de libertad y tradición.

“Dan cifras diferentes: en la escritura se refieren a 2.3 hectáreas, el arquitecto hace el avalúo sobre 4.5 y el certificado de libertad habla de 5 hectáreas. Lo mismo ocurre con el precio. Se habla de 70 millones de pesos, el avalúo es de 160 millones de pesos y la persona que vende habla de 100 millones de pesos. Se debe aclarar esa situación”, recalcó.

El concejal indicó que desde el 9 de septiembre de 2016 se viene con ese proceso y no se han podido poner de acuerdo con los precios y las hectáreas.

Igualmente, la Secretaría de Hacienda debe suministrar los datos sobre paz y salvo en el pago de los impuestos para proceder a la compra.

Por su parte, la jefe de Infraestructura del municipio, Carmen Chona León, indicó que son documentos que se pueden actualizar en catastro y los concejales no dieron el tiempo para que el propietario hiciera los trámites.

Según ella, los concejales pudieron otorgar las facultades, mientras se precisaban esos documentos. El concejal ponente indicó que esa situación no se podía hacer ya que se pueden ver envueltos en procesos disciplinarios.