Los cultivadores de cebolla de los municipios de la provincia de Ocaña le dieron a conocer a delegados del Gobierno Nacional la crisis que atraviesan, por tanto la inversión para cosechar es superior al precio del producto en el mercado.

En total son más de 40 productores agrícolas de la región los que buscaron como interlocutor a la Asociación de Municipios de la Provincia de Ocaña y Sur de Cesar, para que solicite formalmente al Gobierno Nacional establecer medidas efectivas para controlar el contrabando y la importación de cebolla.

La petición fue firmada por los cultivadores luego de ser revisada por el director de la Asociación, Emiro Cañizares Plata y con el apoyo del secretario de Desarrollo Económico del departamento, Iván Alfredo Manzano Rincón, una comisión de cebolleros se trasladó al Ministerio de Agricultura en Bogotá. Allí entregaron un documento con siete puntos.

El primero hace referencia al reconocimiento por parte del Gobierno Nacional de la crisis y no permita el ingreso de cebolla importada. Además, debe formular una política que beneficie al productor en la comercialización.

El segundo punto busca que se controle el contrabando y se haga un control  permanente en las fronteras, especialmente en Ipiales (Nariño) para erradicar el contrabando de cebolla que ingresa por Ecuador. 

De acuerdo con los productores es vital que en época de cosecha de cebolla roja en el Catatumbo y en Ocaña (en cerca de 4.000 hectáreas) se reduzcan las importaciones.

Los productores en un tercer punto piden un subsidio de 120.000 pesos por carga, para mitigar el impacto del contrabando del producto y el paro armado del Catatumbo.

Además, argumentan que en Ocaña la carga es pagada máximo en 40.000 pesos y en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Santa Marta, Montería, Sincelejo y Medellín, el mercado está saturado de cebolla peruana.

Otras de las exigencias hacen relación a la refinanciación de deudas adquiridas con créditos bancarios, desde al año pasado, para iniciar el cultivo finalizando el 2017 y la cosecha, coincidió con el paro armado.

Por ello, buscan que el Gobierno habilite una línea especial de crédito para el Catatumbo y los municipios de la Provincia, con un plazo mínimo de pago de dos años y un máximo de ocho años.

A la par se requiere de un programa para la construcción de reservorios y minidistritos de riego que facilite cultivar durante todas las épocas del año, generándose así una estabilidad en la economía del sistema productivo.

Finalmente está la regulación en los precios de insumos y de semillas que se comercializan por intermedio del Instituto Colombiano Agropecuario (Ica).