Lo que parecía ser una solución concreta a la carencia de vivienda para 107 familias campesinas de la provincia de Ocaña, terminó por convertirse en pesadilla.

Los desplazados fueron beneficiados hace un año con un subsidio para comprar una finca, pero aún no han podido hacer efectiva la compra.

A la Alcaldía de Ocaña le preocupa que a pesar de que ya se les entregó el cheque, los requisitos y la tramitología exigida han impedido cerrar los negocios.

José Luis Amaya, coordinador de Desarrollo Rural, dijo que los campesinos eligieron las propiedades, pero que se debe ampliar el tiempo de apoyo de Colombia Internacional y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para garantizar el éxito de la estrategia.

“Es muy triste que los campesinos quieran renunciar al subsidio por la demora en los trámites”, declaró Amaya.

Los impedimentos que han encontrado los campesinos son varios, entre ellos que los predios que desean adquirir tienen diferencias en las áreas que aparecen registradas en catastro y en las escrituras.

La Alcaldía solicitó el acompañamiento del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que por medio de un estudio topográfico determinen cuál es el espacio real de la propiedad.

Otro inconveniente es que no se ha protocolizado la adjudicación de los predios baldíos que son posesión de los campesinos desde hace varios años.

José Luis Amaya afirma que Colombia Internacional hizo varias evaluaciones técnicas, jurídicas y ambientales de cada una de las fincas y ninguna pasó esos filtros.

Esto se debió a que los usos de suelo en el esquema de ordenamiento territorial los define como zonas de reserva forestal.

La medida se tomó en 1959, para proteger los ríos Tejo y Oroque en Ábrego. Además de la quebrada La Playa.

Pese a ello, 56 años después de esa vocación forestal, los territorios se han transformado y han sido colonizados. En la mayoría hay cultivos y pasto de corte.

La Alcaldía de Ocaña elevó su queja en el Incoder porque no entiende el porqué se prohíbe la compra del predio, máxime cuando en una compraventa entre dos personas naturales no existe ningún problema.

Una solución sería que el Incoder hiciera la sustracción de estas áreas productivas de la zona de reserva y que el Estado hiciera una delimitación para saber hasta dónde va la reserva forestal.

La oficina de Desarrollo Rural informó que les interesa la reserva de los ríos Algodonal y Tejo porque son las fuentes que abastecen al acueducto de Ocaña.

Para ello es necesaria la formalización de la propiedad a favor del Estado, pero sin perjudicar a la comunidad que allí vive.